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CSIF exige que se revisen las cuantías que reciben los trabajadores de la Junta por pernoctar fuera de su residencia por razón laboral

  • Los profesionales afectados, en su mayoría conductores, están sujetos a la aplicación de una normativa que no se actualiza desde 2006 y que genera agravios comparativos con los altos cargos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha concentrado este martes en Málaga, ante la Delegación territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, para protestar por las obsoletas cuantías que reciben los empleados públicos por pernoctar fuera de su residencia por razón de trabajo y para exigir soluciones.
La central sindical ha denunciado de forma reiterada y por escritos dirigidos tanto a la Consejería de Hacienda como a la Dirección General de Recursos Humanos, el deterioro de las condiciones laborales a las que están expuestos unos tres mil profesionales en Andalucía, en su mayoría conductores, a quienes se les aplica una normativa que no se actualiza desde 2006 y que genera graves diferencias entre el personal al servicio de la Administración.
CSIF exige a la Junta de Andalucía soluciones que pongan fin a las cuantías desactualizadas que reciben los empleados públicos y que les impiden hacer frente a las exigencias del servicio que prestan, además de generar diferencias aberrantes con el personal que ocupa altos cargos en esta administración.
Con las escasas partidas asignadas para pernoctar fuera de su residencia, siempre por motivos laborales, los trabajadores no pueden hacer frente al pago de un alojamiento digno, por lo que se ven obligados a pagarlo de su bolsillo, aceptar alojarse a 50 kilómetros o más del lugar donde deben llevar a cabo su servicio y pernoctar en habitaciones compartidas.
Este tipo de situaciones se generan habitualmente en el colectivo de conductores, cuando el alto cargo para el que prestan su servicio se ve obligado a modificar su agenda de manera imprevista y tienen que pernoctar fuera de su residencia. En estos casos, el alto cargo dispone de una cuantía que le permite alojarse sin apenas dificultades en cualquier hotel, sin embargo, en el caso del conductor la búsqueda de alojamiento se complica.
En primer lugar, el protocolo les obliga a contactar con la agencia de viajes adjudicataria de la licitación de este servicio, que en la mayoría de los casos, cuando se producen cambios de agenda y se les intenta localizar, están fuera de horario de oficina y han cerrado. En segundo lugar, si consiguen un alojamiento de manera urgente, en la mayoría de los casos el coste es superior a la cuantía que tienen designada para ello, por lo que este empleado público se ve obligado a pagar la diferencia de su bolsillo o volver a altas horas de la madrugada a su localidad o provincia y regresar a las pocas horas para recoger de nuevo al alto cargo. Esta circunstancia duplica las horas que el empleado tiene que estar al volante, alarga su jornada laboral e impide tener las horas de descanso adecuadas para prestar el servicio.
Con la movilización de este martes, que se ha llevado a cabo en todas las provincias andaluzas, CSIF quiere visibilizar este agravio tan injusto entre un personal y otro al servicio de la misma Administración.
Normativa obsoleta
La normativa vigente que establece las cuantías en concepto de indemnización por razón de servicio está recogida en la Orden de 11 de julio de 2006 y publicada en BOJA nº 143, de 26 de julio de 2006. La central sindical critica la dejadez por parte de la Administración por no haber actualizado esta directriz en años y no ser consciente del encarecimiento de los costes de vida producidos durante 16 años.
La Administración, en lugar de proceder a actualizar las cantidades, ha optado por un mecanismo de compensación para cubrir los gastos ofertados a través de las agencias de viajes, cuando los importes superan la cuantía establecida en la orden de 2006. Dicho mecanismo consiste en cobrarles estos sobrecostes a los trabajadores afectados a costa de dichas indemnizaciones a que tienen derecho en concepto de manutención o gastos de desplazamiento en vehículo propio o urbano, olvidando que estas indemnizaciones se generan por otros conceptos diferentes. En este sentido, CSIF lamenta que en ocasiones los empleados públicos se vean obligados a elegir entre dormir o comer.
La central sindical reclama una solución urgente para frenar esta situación que genera un gran malestar entre los trabajadores e insiste en que, al menos, al colectivo de conductores de altos cargos, no sujetos a tener una previsión en sus desplazamientos al estar condicionados por las imprevisibilidad en la agenda del alto cargo, se le deje de aplicar el Acuerdo Marco y se le ofrezcan condiciones similares a estos últimos para los que prestan su servicios y que al resto de trabajadores cuyos desplazamientos si están previstos, se les aloje en condiciones dignas y no tengan que renunciar a comer.

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