La Fiscalía de Málaga ha acusado a un hombre por una presunta estafa en la compra de unos terrenos, ya que supuestamente hizo creer a la compradora que iba a adquirir una finca con vivienda en construcción y establos; pero se trataba de porcentajes de terrenos en los que no se podía edificar. El juicio está previsto este lunes en la Sección Primera de la Audiencia malagueña.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, la perjudicada se encontró «con la propiedad de unos terrenos distintos a los que creía adquirir, siendo obligada a la demolición de lo construido y sin la posibilidad de llevar a cabo construcción alguna en los mismos al tratarse de suelo no urbanizable especialmente protegido».
La acusación pública sostiene que en mayo de 2013, la mujer, de nacionalidad finlandesa, se interesó por adquirir unos terrenos en Mijas (Málaga), que contaban con una estructura de vivienda en construcción, así como una serie de pequeñas edificaciones que se dedicaban a corrales y establos.
El acusado se presentó como propietario, aunque en realidad actuaba como apoderado de los dueños, que eran sus padres. La Fiscalía señala que supuestamente, el procesado «hizo creer» a la mujer que los terrenos a comprar comprendían esas construcciones, llegando a un acuerdo por 70.000 euros, «cantidad entregada».
Pero, en realidad, según pone de manifiesto el ministerio fiscal, supuestamente, el acusado trasmitió a la mujer, tanto en el contrato privado como por medio de la escritura, «unos porcentajes de terrenos sobre las fincas registrales»; todo ello «ante el desconocimiento de aquella».
De hecho, en un contrato privado posterior se hizo constar que lo adquirido «no era el 50% de la finca sino de la edificación existente dedicada a vivienda y corrales, al tiempo que se volvió a transmitir a los vendedores el 25% adquirido de la finca registral rústica», señala el escrito inicial de acusación.
Además, supuestamente el acusado, «con ánimo de obtener ilícito beneficio, ocultó en todo momento a la compradora que la naturaleza rústica de los terrenos, tanto de los que ella estaba interesada inicialmente como de los efectivamente adquiridos, impedía cualquier tipo de construcción».
De hecho, señala el fiscal, años antes ya se inició un expediente de restablecimiento del orden jurídico «por las obras ejecutadas sin licencia» y se había dictado una orden de demolición de lo construido. Además, el acusado había sido condenado por dicha edificación.
Para el ministerio público, se trata de un delito de estafa por el que acusa al hombre, para el que pide que se le impongan tres años de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de 145 euros. Además, se insta a que indemnice a la perjudicada en la cantidad que se acredite «por el quebranto patrimonial» en la operación.
