El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sostiene la respuesta que ha ofrecido el Gobierno a las demandas de la Junta de Andalucía en el ámbito de las infraestructuras hídricas para afirmar que «hemos respondido con absoluta inmediatez al planteamiento que nos ha hecho la Junta» y reivindica que «en estos momentos, en distinto grado de ejecución, en redacción de proyectos o en ejecución de obras, estamos acometiendo inversiones en Andalucía de unos 1.000 millones de euros en materia de agua».
En declaraciones a Europa Press, cuestionado si considera que la Junta de Andalucía ha hecho del agua un arma electoral, defiende que «nuestra fórmula se fundamenta en la planificación» y precisa que «las decisiones no obedecen a momentos electorales».
Sobre las actuaciones aprobadas en el Decreto-ley que aprobó el jueves el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria, de las que forman parte para Andalucía, entre otras actuaciones, el trasvase de 7 hectómetros cúbicos del Tinto, Odiel, Piedras para atender las necesidades de Matalascañas y los 200 millones para dos desaladoras en Málaga y Almería, asegura sobre el trasvase que «forma parte de todo el paquete de actuaciones destinadas a mejorar la situación en la que se encuentra el Parque de Doñana», para precisar que «es el marco de la planificación hidrológica del Plan del Guadalquivir y que están comprometidos con la Comisión Europea para restituir las condiciones ambientales de Doñana».
El coste de la obra de estos 7 hectómetros cúbicos los sitúa en «unos 40 millones de euros» dentro de los 19,99 que se prevé transferir del Tinto, Odiel, Piedra hacia la Demarcación del Gualdaquivir, para apuntar seguidamente que «el trasvase lleva en funcionamiento desde hace varios años» y prueba de ello esgrime que el trasvase «de algo más de 7 hectómetros» ha permitido «el cierre voluntario de una batería de pozos de los cuales se venían suministrando a fincas con concesión administrativa de derecho de extracción» y con ello se ha logrado que «los concesionarios hayan sustituido esas aguas subterráneas concedidas por aguas superficiales».
LAS DESALADORAS DE MÁLAGA Y ALMERÍA, POR PETICIÓN DE LA JUNTA
«El proceso de habilitación de trasvase del Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir ya está en marcha y lleva en funcionamiento ya varios años», remacha el secretario de Estado de Medio Ambiente, quien explica sobre las dos desalinizadoras de Málaga y Almería que «aunque se trata de dos demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Comunidad Autónoma», ambas pertenecen a las Cuencas Mediterráneas, y que formaban parte «del plan de actuaciones de la propia Consejería, pero aparece la posibilidad de abordar dos desaladoras, una para Almería y otra para la Costa del Sol».
«Nos planteó la Comunidad Autónoma la posibilidad de que desde el Ministerio pudiésemos cooperar en ese plan de inversiones», explica Morán, quien asegura que «era una línea de cooperación en la cual el Ministerio podía asumir ese compromiso y, más allá de que se trata de la propuesta inicial, que ya hemos aceptado, la evaluamos en esos 200 millones de euros», de lo que explica que «se trata de adjudicar a la Sociedad Estatal de Aguas Acuamed la redacción de sendos proyectos» y que «con la Comunidad Autónoma determinaremos la ubicación concreta de las mismas».
Ante la pregunta de si llega tarde el Gobierno con estas actuaciones, Morán replica que «llegamos en el momento en el que nos lo solicita la Junta de Andalucía» y como en el caso de las desaladoras que «es una inversión inicialmente estimada en esos 200 millones de euros que incorporamos en la primera oportunidad que tenemos para poder asumir esa petición que nos traslada la Junta de Andalucía».
«LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA NO ES UNA MESA DE NEGOCIACIÓN»
Cuestionado por si la presión política de la Junta de Andalucía ha empujado al Gobierno a hacer un Consejo de Ministros extraordinario con medidas para contrarrestar la sequía, Morán afirma que «en materia de planificación hidrológica lo que pesa es la propia planificación», por lo que rechaza que sea «una especie de mesa de negociación entre dos partes».
«Esto no va de negociaciones o presiones entre dos en una mesa porque si seguimos en esa dinámica no seremos capaces de encontrar una respuesta razonable a uno de los elementos que más presión van a ejercer en el tiempo futuro», prosigue argumentando sobre la gestión del agua, mientras precisa que «acabamos de cerrar todo un proceso de cuatro años de planificación hidrológica y no se resuelve esto como algunas voces trasladan en un pacto entre partidos políticos».
«Esto tiene que asumirlo todas las fuerzas políticas y el conjunto de las administraciones: el agua es un bien público, es un derecho humano garantizado por Naciones Unidas», argumenta Morán.
Asegura que «no me atrevería a juzgar cuáles son las razones últimas que llevan a algunos portavoces a tener permanentemente instalado en el discurso público el agua como elemento de confrontación», mientras que defiende la hoja de ruta que entraña una planificación hidrológica, de la que explica que «no la modificamos por más que en un momento determinado haya presiones de un tipo o de otro por intereses electorales, a golpe de campaña electoral».
«Eso lo teníamos claro desde el 2018 y hemos respetado esa hoja de ruta hasta el día de hoy y no la vamos a modificar», apostilla el secretario de Estado de Medio Ambiente.
