El Juzgado de lo Penal 8 de Málaga tiene previsto comenzar este miércoles el juicio por la colocación de mosaicos de Invader en la capital; un caso en el que el artista galo siempre ha mantenido que llevó a cabo la ‘invasión’ en el convencimiento de que estaba todo autorizado y tras contactar con él el entonces director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Fernando Francés, que también será juzgado.
Así lo ha asegurado la letrada Marisa Castelo, que defiende a Invader, quien «se ha visto involucrado en una serie de confusiones», según su abogada, que espera repercutan lo menos posible en su anonimato –tuvo que ser identificado para la instrucción del caso–. Sostiene que no hay delito en los hechos que se juzgan, en todo caso se trata de una infracción administrativa.
La Fiscalía acusa a ambos procesados por la colocación de 15 mosaicos en edificios integrados como Bien de Interés Cultural (BIC) por un presunto delito contra el patrimonio histórico con carácter continuado, a Invader como supuesto autor y a Fernando Francés como supuesto inductor. Solicita para cada uno de ellos una pena de multa de 24 meses, a 50 euros por día; es decir, el pago de 36.000 euros.
Castelo ha explicado, como ya hizo el artista en su declaración durante la instrucción, que su cliente «fue contactado por Fernando Francés, que se identifica como responsable cultural del Ayuntamiento de Málaga y le proponen una serie de acciones, entre ellas una exposición y realizar una ‘invasión'», que es como se conoce las acciones del artista. Se lo propone en París, donde se reúnen, y también en Málaga donde mantuvieron un encuentro ambos equipos.
«Este señor actuó en la creencia de que estaba contratado por el Ayuntamiento de Málaga. Nadie le dijo nada de permisos ni de nada. Él lo que pensó siempre es que actuaba amparado», ha dicho la letrada en declaraciones a Europa Press, apuntando que incluso cuando él se enteró de la polémica «dijo por email, y consta en las actuaciones, que lo quitasen todo, que lo arrancaran y lo tiraran».
Como segunda cuestión, la defensa sostiene que al artista «ni se le pasó por la cabeza» que algunos lugares «llenos de cables» donde se colocaron los mosaicos, como es el caso del que generó más conflicto, el de la Gitana, en el lateral del Palacio Episcopal, fueran un BIC, apuntando que «nunca en la vida ha puesto nada en algo que viera que tiene pinta de monumento o en un edificio protegido».
Asimismo, Castelo ha precisado que el derecho penal «tiene una interpretación restrictiva» y ha incidido en que «a efectos del Código Penal no cabe que un Ayuntamiento declare con un Prepi (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) un BIC en todo el centro de Málaga».
Además, ha recordado que en la reforma del Código Penal de 2015 se suprimió la figura de las faltas, que es como se acusaba a los grafiteros, considerando que «no todo lo que antes era falta ahora pasa a delito» y que «esto no es nada, es una infracción administrativa», cuyo supuesto daño se ha podido reparar fácilmente.
