El letrado de las Cortes Generales Manuel Fernández-Fontecha ha advertido este viernes de que el posible uso generalizado de las lenguas cooficiales en el Congreso necesita cierta regulación porque afecta a los derechos de los diputados que las desconocen, pudiendo llegar a causarles indefensión, porque necesitan comprender lo que se habla para garantizar el necesario debate parlamentario.
La nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció durante la sesión constitutiva de la XV Legislatura que permitirá el uso del catalán, el gallego y el euskera en las sesiones plenarias de la Cámara Baja, pero Fernández-Fontecha ha avisado de que es un asunto «complicado» por varias razones.
En una entrevista concedida a RNE recogida por Europa Press, el letrado ha explicado que el derecho a manifestarse en una lengua cooficial «no se puede confundir con el hecho de esa manifestación en un procedimiento de derecho público, como es el caso del procedimiento parlamentario».
SI NO HAY COMPRENSIÓN HAY UN DEFECTO DE PROCEDIMIENTO
«Hay una faceta que se está ignorando: evidentemente hay un derecho a utilizar la lengua cooficial, pero también hay un derecho del diputado restante a la comprensión de lo que se está diciendo», subraya.
Es decir, que si no se garantiza ese derecho a la comprensión «podría incurrirse en un defecto de procedimiento en cuanto a que no habría un debate propiamente dicho, porque hay una parte que no entendería a la otra». «Hay que garantizar que la utilización de lenguas no conocidas por otros diputados no les produzca indefensión», ha resumido el letrado.
A su juicio, el anuncio de Armengol es «una manifestación de intenciones», pero ahora habrá que desarrollarlo vía reforma del reglamento o al menos por una resolución de Presidencia avalada por la Junta de Portavoces.
Según ha recordado, el artículo 70 del Reglamento del Congreso, que no establece un idioma concreto, y que el artículo 3 de la Constitución, que estipula la cooficialidad del catalán, gallego y el euskera en sus territorios, pero también está «vigente» la práctica de exigir el castellano en sede parlamentaria.
«Hay una norma, y la podemos llamar la norma constitucionaria, por la cual los presidentes, cuando alguien habla o pretende hablar en un idioma distinto al castellano, pues se le interrumpe», ha continuado, subrayando que es una norma certificada por la costumbre.
