Los colegios profesionales de abogados y procuradores ya han recibido de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública 2.664.063,12 euros correspondientes al pago de la asistencia jurídica gratuita prestada por estos profesionales en Málaga durante el segundo trimestre.
El abono se ha realizado «en el tiempo récord de diez días hábiles desde que las certificaciones fueron entregadas a la Junta el pasado 21 de julio».
Del total abonado, la mayor parte, más de 2,4 millones de euros, se destina a sufragar los servicios prestados entre abril y junio por los letrados. En concreto, al Colegio de Abogados de Málaga ha recibido 2.412.504,19 euros –1.703.973,79 euros por la asistencia de sus profesionales en el turno de oficio y 708.531 euros por las guardias–.
El de Antequera recibe 86.150,27 euros (42.410,27 para sufragar los servicios prestados en el turno de oficio y 43.740 euros por las guardias).
Por su parte, a los procuradores les corresponde un total de 165.408,06 euros, por su trabajo en el turno de oficio. Por colegios, el de Málaga recibe 159.748,38 euros y el de Antequera 5.659,68 euros.
Las retribuciones por las guardias se incrementaron a principios de año entre un 20 y un 60% tras la entrada en vigor de la nueva orden reguladora de las mismas, aprobada el año pasado y aplicada desde enero. Además, se han aumentado las guardias autorizadas a los colegios de abogados, especialmente para el turno de violencia de género, ha indicado la Junta en un comunicado.
Las cuantías que reciben los profesionales por el turno de oficio también han sido incrementadas en un 4% mientras se aprueba la nueva orden de módulos y bases que actualizará estas cuantías, que están congeladas desde 2009. El texto ya ha sido acordado con los colegios profesionales y tras el verano se aprobará en Consejo de Gobierno para que entre en vigor en 2024.
La delegada territorial de Justicia, Teresa Pardo, ha destacado el «esfuerzo de la Consejería por agilizar lo máximo posible el pago a los abogados y procuradores del sistema de Justicia Gratuita, que hacen una labor social fundamental para garantizar el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos independientemente de sus recursos económicos».
Así, ha recordado que la pasada legislatura, la Consejería de Justicia ya realizó cambios en la fórmula de pago para agilizarla. «Hasta entonces todos los abogados y procuradores debían esperar hasta que se subsanaran los requerimientos a las certificaciones que presentaban alguna deficiencia para poder cobrar», ha explicado Pardo.
«Ahora, se pagan en un primer plazo todas las certificaciones correctas, que son la mayoría», y en un segundo plazo aquellas que tienen que corregir algo en la documentación. Ello permite que los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores reciban el grueso del dinero en apenas dos semanas desde que presentan las certificaciones de cada trimestre –tienen de plazo un mes–.
Por último, ha señalado que «en este caso han recibido el dinero en 10 días hábiles desde que las presentaron el pasado 21 de julio, un tiempo récord gracias al esfuerzo del personal de la Consejería y de los colegios profesionales».
