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Acuerdan no permitir concentraciones por huelga de funcionarios dentro de Ciudad de la Justicia tras incidentes

Los funcionarios judiciales no podrán realizar concentraciones ni ocupaciones de espacios con motivo de la huelga en el interior del edificio de la Ciudad de la Justicia de Málaga capital, tras haberse producido a principios de esta semana algunos «incidentes» en este sentido.

Así se recoge en una resolución emitida por el juez decano, la presidenta de la Audiencia y el fiscal jefe de Málaga tras una reunión en la que representantes de la Gerencia de la Ciudad de la Justicia, de la Delegación de Justicia del Gobierno andaluz y de la Guardia Civil al mando de las fuerzas que custodian y vigilan el edificio dieron cuenta de dichos «incidentes».

En el documento se explica que durante la huelga de funcionarios «se ha ocupado dicha Ciudad de la Justicia realizando concentraciones de personas delante de las salas de vistas, alterando el normal desarrollo de la actividad judicial que se estaba llevando a cabo por otros funcionarios que no han secundado la huelga o que se encuentran en servicios mínimos».

Por esto, se acuerda que por la Guardia Civil «se impida que se vuelvan a producir estos hechos de ocupación del centro de trabajo y concentración de personas en el interior del edificio», como así se regula en la normativa que regula el derecho a huelga, «y ello con apercibimiento de delito de desobediencia a los responsables y sin perjuicio de la actividad que se desarrolle fuera» del edificio.

Por su parte, Alfonso Justicia, responsable del sindicato SPJ-USO en Málaga, han expresado la protesta de la organización sindical ante esta comunicación que han recibido, al considerar que con la misma «se nos coarta de manera deliberada nuestro derecho a ejercer la huelga que estamos desarrollando dentro de la Ciudad de la justicia».

«Ya esta bien de este tipo de cacicadas que ejercen estos poderes», ha señalado Justicia, quien ha apuntado que también han tenido conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Secretaría de Gobierno «están presionando a la Consejería de Justicia para aumentar los servicios mínimos ya establecidos».

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