El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha acusado este miércoles de «deslealtad» al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por el acuerdo sindical alcanzado con CSIF y UGT. Andalucía acusa al Gobierno de «deslealtad» por aplicar una subida salarial sólo aplicará en el territorio que gestiona. Respecto a este se ha pactado una subida salarial de entre 165 y 250 euros al mes para el ‘territorio Ministerio’, frente a los 450 euros que reclamaban los sindicatos en línea con el incremento que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Andalucía acusa al Gobierno de «deslealtad» por aplicar una subida salarial sólo aplicará en el territorio que gestiona
En respuesta a la pregunta formulada por el grupo parlamentario popular en el Pleno del Parlamento de Andalucía, Nieto ha lamentado la «falta de sensibilidad» del Gobierno central con los funcionarios de Justicia. «El Gobierno aplicará una subida sólo en el complemento específico, justificado en un cambio legislativo para toda España pero que sólo aplicará en el territorio que gestiona el Ministerio», ha argumentado el consejero andaluz en su intervención en el Pleno.
«El Ministerio se financia con el dinero de todas las comunidades autónomas pero lo aplica sólo en su territorio y a comunidades como Andalucía, a la que además le quita cada año 1.500 millones de euros, le obliga a tener que sufragar esa subida con su presupuesto», ha sentenciado. La subida salarial que se ha pactado es de 165 euros para Auxilio Judicial; de 180 euros para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio; de 195 euros para Gestión y Técnicos de Laboratorio, y de 250 euros para Médicos Forenses y Facultativos.
El incremento no afectará a la totalidad de los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia, como reclamaban en un principio los sindicatos. Beneficiará a alrededor de 12.000 trabajadores del denominado ‘territorio Ministerio’, es decir, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC. El resto de funcionarios que trabajan en las comunidades autónomas con competencias transferidas no percibirán el complemento.
