El número de trabajadores acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) ha continuado bajando en Andalucía en junio, mes en el que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó 149.000 euros en prestaciones a 2.561 trabajadores.
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado a través de un comunicado que esta evolución «demuestra la efectividad de una medida del Gobierno orientada a garantizar los ingresos económicos de las familias, al tiempo da la oportunidad a las empresas para que puedan recuperar su activo una vez que las condiciones económicas mejoran».
Esta tendencia continuada a la baja, como ha subrayado Fernández, «nos está demostrando que el mercado se está modulando para adoptar las condiciones necesarias que permitan crear empleo de calidad y ello gracias a que el Gobierno cumple sus compromisos con la clase media trabajadora y que la Reforma Laboral está dando sus frutos hacia la estabilidad laboral, la eliminación de la temporalidad y hacia un nuevo modelo que protege y garantiza los derechos laborales».
Desde abril de 2020, el mes que mayor número de trabajadores en ERTE concentró Andalucía fue mayo de ese mismo año, cuando 576.333 estuvieron acogidos a esta prestación, «lo que significa que 573.772 ha recuperado un puesto de trabajo, es decir, el 99,5%», ha resaltado Pedro Fernández, que ha hecho mención también a los 2.279 millones de euros abonados desde abril de 2020 en prestaciones.
A lo largo de dos años, desde marzo 2020, el Consejo de Ministros ha ido prorrogando el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores, extendiendo los efectos de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo, así como las medidas complementarias asociadas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) relacionados con el Covid-19.
En marzo de 2022, y tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral, el 31 de diciembre de 2021, los ERTE extraordinarios finalizaron para dar paso a unas nuevas reglas de mercado, acordada en el seno del diálogo social con los agentes sociales y económicas, cuyo objetivo es recuperar los derechos perdidos a lo largo de los años.
