La defensa de Begoña Gómez ha alertado al juez Juan Carlos Peinado sobre la inexactitud de la información bancaria que recibió del Punto Neutro Judicial, donde se enumera un total de cuentas con un saldo combinado de 40,25 euros. A su vez, le ha solicitado que resguarde sus datos personales para prevenir que sean accesibles a «terceros», incluida la prensa.
En un documento obtenido por Europa Press, la esposa del presidente del Gobierno, representada por el exministro del Interior Antonio Camacho, señala al magistrado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que «el contenido de la mencionada información es completamente incorrecto».
«Esto se debe tanto a la identificación de las cuentas a su nombre, ya que aparecen cuentas que en la actualidad no le pertenecen, como a los saldos, ya que es totalmente falso que estas cuentas presenten en su mayoría un saldo de cero», añade.
Ella se refiere a un listado de 11 cuentas bancarias que el Punto Neutro Judicial envió a Peinado tras su orden de «consultar la numeración de las cuentas corrientes en las que Begoña Gómez figura como titular», quien está siendo investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
De las 11 cuentas, cinco están bajo la condición de «titular», dos como «autorizado» y cuatro son referidas como «representante». Las únicas cuentas que muestran algún saldo son dos a su nombre: una con 40,10 euros y otra con 0,15 euros; el resto de las cuentas tienen un saldo de cero euros.
La revisión de estas cuentas cubre un periodo desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 18 de noviembre de 2024, y hace referencia a «productos» del tipo «CV». Sin embargo, el propio Punto Neutro Judicial destacó que la respuesta era «incompleta».
Denuncia de violación de materia de protección de datos
Por otro lado, Camacho ha criticado que esta información se haya incorporado al caso «con todos los datos que han sido enviados», incluyendo números de cuentas bancarias que realmente controla, «lo cual infringe principios fundamentales sobre la protección de datos personales y, por ende, normas esenciales en la gestión de los procedimientos penales».
En este contexto, enfatiza que, «aunque en teoría el acceso a las pruebas presentadas durante un procedimiento judicial es, sin duda, muy restringido en la práctica, con acceso exclusivo para jueces, tribunales, fuerzas de seguridad y las partes involucradas, nada impide que otros individuos (…) puedan acceder a dicha información».
Por esta razón, sostiene que «la recopilación y entrega de pruebas no debe transgredir derechos ni libertades fundamentales, incluyendo la protección de datos personales», recordando que «en nuestro sistema judicial el juez instructor es el principal garante de salvaguardar los derechos de los participantes, especialmente de aquellos que están siendo investigados».
Para Camacho, «la manera en que se están presentando datos a lo largo de este proceso» infringe el derecho de Gómez a «que su información personal y reservada no esté en posesión de terceros y, en ocasiones, publicada en la prensa», «especialmente si tal dato, el número de la cuenta, no es relevante para la investigación”.
Por último, defendiendo que «la numeración de las cuentas bancarias no es una información que necesiten conocer las partes y, en particular, las acusaciones populares», solicita a Peinado que «anonimice todos aquellos datos que, no siendo necesarios para la investigación, impactan sobre derechos que nuestra normativa reconoce a todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos sujetos a una investigación judicial».
