Un total de 40.941 empleadas de hogar en Andalucía se beneficiarán del reconocimiento al subsidio por desempleo para este colectivo aprobado este martes en el Consejo de Ministros, según cálculos de la Delegación del Gobierno en la comunidad, que ha remarcado que con la medida se acaba «con una injusticia y discriminación que no tenían sentido».
Además, según ha subrayado en un comunicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se «salda una deuda histórica con miles de mujeres al equiparar sus condiciones laborales a las del resto de trabajadores y trabajadoras». El texto que posibilita el reconocimiento al subsidio ha sido elaborado, ha destacado la nota de prensa, en contacto con las organizaciones sindicales y las plataformas de las empleadas de hogar que reivindican esta norma desde hace décadas, «y resuelve la equiparación con las personas trabajadoras por cuenta ajena, tanto en el ámbito del sistema extintivo de la relación laboral como en el de la prestación por desempleo».
El real decreto tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de los trabajadores del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena «para acabar con la discriminación histórica de este colectivo feminizado». Este elemento de desvaloración del trabajo doméstico, ha sostenido, se ha mantenido en las normas «y se corrige ahora para terminar con la infravaloración histórica de un trabajo desempeñado mayoritariamente por mujeres, que ha contribuido a la perpetuación de estereotipos y al agravamiento de la brecha de género».
Asimismo, el Gobierno ha remarcado que se «garantizará la protección de la seguridad y salud de las personas al servicio del hogar familiar equivalente a la de cualquier otra persona trabajadora, esencial no solo para asegurar la equiparación de condiciones que exige la normativa antidiscriminatoria de la Unión Europea y el Convenio 189 de la OIT, sino también para garantizar el derecho constitucional a la salud que corresponde a todas las personas».
Otros beneficios destacados en la nota de prensa es que «se proporciona cobertura en el ámbito de la garantía salarial a las personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras». Fernández ha resaltado que la iniciativa «se suma a otros importantes avances laborales que demuestran el compromiso del Gobierno de España con la clase trabajadora», entre los que cita la reforma laboral y la subida del SMI.
Sobre este último, ha detallado que son cerca de un millón las personas en Andalucía que se benefician del incremento, ya que el SMI sirve de referencia para fijar el acceso a prestaciones asistenciales que gestiona el SEPE.
PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
La delegación también ha subrayado que las empleadas del hogar dejan así de ser el único colectivo laboral que carecía de protección en situación de desempleo, pese a que la mayoría tienen relaciones laborales a tiempo parcial e intermitentes, que a menudo finalizan repentinamente por defunción de sus empleadores y con un régimen especial de despido que permitía los despidos arbitrarios e intempestivos sin ningún tipo de indemnización.
En este contexto de «especial vulnerabilidad», la prestación del desempleo constituye, desde la perspectiva de la justicia social, «una necesidad ineludible».
Junto a esta valoración, la Delegación ha desarrollado varios de los aspectos que incluye el decreto, y que se enumeran a continuación.
BONIFICACIONES
Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a partir del 1 de octubre. Para que estas cotizaciones no supongan un sobresfuerzo económico para los empleadores, estos tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fogasa en este Sistema Especial.
Se mantiene la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes correspondiente a este Sistema Especial. Además, se van a incrementar los tramos de bonificación superiores al 20%, en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio, lo que permitirá aumentar el número de beneficiarios. Los requisitos de estas bonificaciones se fijarán reglamentariamente.
Además, el Real Decreto-ley también establece que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas/mes por empleador, eliminándose la posibilidad de que sean los trabajadores los que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.
FIN DEL DESISTIMIENTO
Se elimina la figura del desestimiento, que permitía el despido sin causa y, por tanto, sin las garantías del despido para tales situaciones al permitir prescindir de las trabajadoras del hogar sin justificar causa alguna. A partir de ahora se deberán acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato con las empleadas extendiendo, por tanto, la protección frente al despido.
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
El Gobierno desarrollará políticas de formación y acreditación para las personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado o la atención de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar. Estas iniciativas tendrán en cuenta las particulares condiciones de trabajo en este sector y las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en él.
ENFERMEDADES PROFESIONALES
La norma establece también el compromiso de creación de una comisión de estudio cuyo objetivo es la inclusión de la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades para que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en el ámbito de la protección ante las enfermedades profesionales de los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres.
