El etarra Harriet Iragui Gurruchaga, responsable del asesinato de José María Martín Carpena en Málaga, ha recibido el tercer grado penitenciario, una decisión que ha sido fuertemente criticada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite. Iragui, condenado por tres asesinatos cometidos en el año 2000 en Andalucía —incluyendo, además de Martín Carpena, al fiscal Luis Portero García y al médico Antonio Muñoz Cariñanos—, ha sido beneficiado con una medida que Covite considera injustificada por la “falta de arrepentimiento del preso”.
Covite ha subrayado que ni Iragui ni otro miembro de ETA también beneficiado recientemente con el tercer grado, Luis Mariñelarena Garciandía, cumplen con el requisito legal fundamental del arrepentimiento. El colectivo ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra estas decisiones para evitar que progresen en grado sin cumplir las condiciones legales.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha sido especialmente crítica con el hecho de que Iragui sea «exhibido y jaleado» por la izquierda abertzale en manifestaciones en las que se pide la excarcelación de los presos de ETA, algo que, según Ordóñez, muestra claramente la falta de arrepentimiento de estos condenados.
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En el caso concreto de Harriet Iragui, Covite ha insistido en que la falta de manifestaciones públicas de arrepentimiento y de colaboración con la justicia es prueba suficiente de que no debería beneficiarse de medidas penitenciarias favorables. La liberación de este condenado por el asesinato de Martín Carpena, entre otros, refleja, según Covite, un fracaso en el cumplimiento de las leyes que deberían velar por los derechos de las víctimas y garantizar la justicia.
Covite ha criticado además la política penitenciaria del Gobierno vasco, que, a su juicio, se basa en cartas de arrepentimiento de dudosa sinceridad, sin que exista un rechazo público del terrorismo. La organización ha reiterado que «solo mediante la deslegitimación pública del terrorismo» se puede avanzar en la reinserción de los condenados, subrayando que el derecho de las víctimas a la justicia está siendo vulnerado.
