La Audiencia de Málaga ha condenado a ocho personas por introducir droga en la península desde Marruecos, entre las que se encuentran tres guardias civiles, que formaban un grupo organizado, con vinculaciones con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de dichas sustancias estupefacientes.
Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil comenzaron una investigación para descubrir actividades de corrupción policial de miembros del cuerpo, vinculadas a organizaciones criminales de tráfico de sustancias estupefacientes entre Marruecos y España.
La investigación se inició con un guardia civil «que dio lugar a descubrir a otros que se dedicaban a esta ilícita actividad», señala la Sala, que indica que estos guardias civiles formaban «un grupo organizado y jerarquizado» con la finalidad de «llevar a cabo la introducción de sustancias estupefacientes en el país en colaboración con diferentes organizaciones criminales».
Estos agentes «aportarían seguridad en el momento de llevar a cabo el hecho delictivo», ya que se trataba de «aprovechar los momentos en que estaban desarrollando su servicio policial para permitir la descarga de la droga, informar de dispositivos de los servicios, así como las formas de eludir la acción del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE)».
Dentro del grupo formado, cada miembro desempeñaría una función específica, «repartiéndose entre ellos los diferentes alijos y las actividades a desarrollar con la finalidad de organizarse y lograr con eficacia la comisión del ilícito penal», dice la resolución de la Sección Segunda.
La sentencia insiste en que los guardias civiles acusados, con destino en el Servicio Marítimo Provincial de Granada con base en Motril, daban «cobertura para favorecer la entrada de sustancias a través del litoral español a diferentes organizaciones criminales a cambio de una compensación económica que las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico les aportarían a los mismos».
Así, uno de los agentes era el que contactaba con las organizaciones de narcotráfico y coordinaba las funciones y cometidos a realizar con los otros dos. Otro de los acusados era el líder de la red de narcotráfico y otro, el intermediario entre los anteriores y el grupo, negociando el precio que se llevarían los agentes. Además, obtenía el material necesario para los alijos.
Este tenía un ayudante, también condenado, el cual fue localizado en la embarcación; mientras que otro procesado dirigía a parte de los integrantes de la organización y financiaba y preparaba las operaciones. El último acusado tenía un gimnasio donde se reunían los anteriores para preparar los operativos y además trataba con uno de los guardias civiles sobre el dinero.
La investigación puso de manifiesto que dicha organización internacional de narcotráfico planeaba varias entradas de droga en España, apuntando la sentencia que en una de esas transacciones, en julio de 2013, «los acusados guardias civiles cobraron 7.500 euros cada uno por no interceptar la embarcación», localizada posteriormente en un embarcadero de Motril con 750 kilos de hachís.
En los registros realizados en los domicilios de los acusados, los investigadores intervinieron teléfonos, dinero y diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cajas de anabolizantes y medicamentos, así como vehículos, señala la sentencia, que se dictó con la conformidad de todos los acusados.
A los tres agentes se les condena por los delitos de conspiración para cometer delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y cohecho, imponiendo a uno de ellos dos años y tres meses de prisión y a los otros dos, tres años y tres meses de cárcel. Asimismo, se les impone inhabilitación absoluta de 15 años. A los ocho condenados se les aplica la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas.
