La Audiencia de Málaga ha confirmado la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal numero 3 de la capital a tres personas, que fueron responsables de una asociación protectora, por un delito continuado de maltrato animal por tener más de 100 perros en situación de «abandono» y con un estado de salud «deplorable».
El juzgado impuso a cada uno de los procesados 15 meses de prisión, las defensas recurrieron la condena y ahora la Sala, en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza los recursos y ratifica esta pena, así como los hechos declarados probados en su momento.
Los acusados eran los máximos responsables de una asociación protectora de Rincón de la Victoria (Málaga) que contaba con un recinto de 200 metros cuadrados en el Cortijo Maroto de dicha localidad. Desde abril de 2017 el recinto «tenía restos de residuos, algunos de ellos de material punzante».
Asimismo, la zona «no tenía sistema de alcantarillado y desagüe para la extracción de aguas o excrementos»; a pesar de lo cual albergaba gran cantidad de perros. En junio de dicho año, agentes del Seprona de la Guardia Civil intervinieron 105 perros en situación «de abandono, cuyo estado de salud era deplorable».
Los procesados, señala el juzgador, eran los encargados de recoger y tenerlos en custodia «bajo la pretendida apariencia de asociación protectora de animales»; sin embargo, los animales fueron examinados por veterinarios quienes informaron del «grave riesgo sanitario y contagio de enfermedad zoonótica» que sufrían.
Según declaró la primera sentencia, los animales estaban «sin haber recibido, según informe de los facultativos, ningún tipo de asistencia veterinaria; no observándose más que pequeños restos de comida». Además, estaban infectados de enfermedades y tenían lesiones como alopecia, dermatitis, pulgas, delgadez, úlceras, entre otras.
Fueron trasladados a otro centro para su cuidado, pero como consecuencia de las patologías que presentaban, la mayoría fallecieron; de hecho, en diciembre de 2017 solo quedaban vivos 42 perros.
La Sala de apelación confirma ahora la condena por un delito continuado de maltrato animal e incide en que los acusados tenían «la posición de garantes respecto a los animales», aunque «dejaron de prestar el debido cuidado» a estos, lo que provocó que los perros sufrieran «graves quebrantos físicos».
Así, apunta a declaraciones testificales apoyadas en informes de profesionales sobre el mal estado en el que estaban los animales y también coincide con el juzgado de lo Penal en la situación «deplorable» de las instalaciones, rechazando las alegaciones de los letrados sobre vulneración de derechos o indefensión.
También desestima el recurso presentado por la acusación popular en nombre de una asociación de protección de los animales. Asimismo, la Audiencia acuerda el decomiso de los animales que sobrevivieron e insta a que se les dé el destino legal que se determine en la ejecución de la sentencia.
