El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta a cuatro personas por un delito de tráfico de drogas, al considerar probado que formaban una organización que preparaba el transporte a Reino Unido de distintas cantidades de sustancias, sobre todo marihuana y pastillas, ocultas en camiones con cargas legales, como bebidas.
Según se declaró probado, y ahora ha sido confirmado por el alto Tribunal andaluz, los acusados «se dedicaban de forma concertada a la adquisición, envasado y exportación al extranjero de sustancias estupefacientes, simulando operaciones comerciales lícitas con Reino Unido».
El grupo investigado utilizaba como base para sus operaciones una nave del polígono industrial de Mijas (Málaga) «desde donde se preparaba la sustancia estupefaciente para su carga y envío al
extranjero».
Uno de los acusados condenado era el jefe y utilizaba las empresas que tiene a su nombre o a nombre de terceras personas para realizar los transportes de las sustancias estupefacientes, financiando las operaciones e impartiendo las instrucciones pertinentes a los demás integrantes del grupo.
Por su parte, los otros tres acusados condenados, junto con una cuarta persona que está fugada, eran los subordinados y realizaban «indistintamente tareas de vigilancias, preparación de las sustancias para su envío oculta en mercancía lícita y carga de la sustancia en camiones de las distintas empresas de transporte con las que
contactaban».
En uno de los operativos de vigilancia policial se corroboró la preparación desde dicha nave de los envíos de la droga en transportes legales, como tetrabricks de zumo. Los investigadores inspeccionaron los dos palés que contenían cajas de dicho producto y encontraron bolsas termoselladas con marihuana.
Tras esa primera operación, los integrantes del grupo interrumpieron por unos meses su actividad que retomaron posteriormente, desplazándose hasta Barcelona donde utilizaron una nave, según se puso de manifiesto en la sentencia de la Audiencia, ahora confirmada.
Por las vigilancias policiales y las conversaciones telefónicas intervenidas se supo que el considerado jefe del grupo financió los preparativos para una nueva operación. En los registros se localizó, además de la droga, cajas de cervezas y aceitunas manipuladas y otros efectos con los que envasar y ocultar la sustancia para darle la apariencia de mercancía lícita.
Por estos hechos se condenó a cuatro hombres como autores de un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y simulando operaciones de comercio internacional, imponiendo a tres de ellos la pena de tres años de prisión y el pago de una multa de 256.000 euros; y al cuarto, dos años y medio de cárcel y multa de 256.000 euros.
A los cuatro se les condena igualmente por un delito de pertenencia a grupo criminal, imponiendo a cada procesado la pena de tres meses de prisión.
La Sala de apelación desestima los recursos presentados por las defensas, rechazando los argumentos expuesto contra las intervenciones telefónicas, al considerar que «ni desde la perspectiva formal ni desde la sustantiva hay nada que reprochar» a las mismas.
