Tras semanas sin novedades sobre el estado de la LUPA, los Consejos de Estudiantes de las universidades públicas andaluzas se reunieron el pasado viernes para intercambiar reflexiones sobre la situación actual en su relación con la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía respecto a la elaboración de la ley.
Aunque al inicio del diálogo se acordaron los pasos a seguir para trabajar en la ley, los Consejos de Estudiantes denuncian que la Consejería no ha cumplido lo pactado. A pesar de su interés en participar de forma activa, la Consejería optó por crear grupos de trabajo con representantes de cada sector afectado, en lugar de trabajar con el colectivo de representantes universitarios en su conjunto.
Según afirman, se hizo para facilitar el proceso, por lo que se designó a dos representantes estudiantiles, de las universidades de Málaga y Córdoba, como interlocutores directos. Afirman los representantes andaluces que solo mantuvieron dos sesiones con la Consejería, la primera con todos los selectores, en dónde se acordó la planificación de trabajo a desarrollar y la segunda, con el consejero José Carlos Gómez Villamandos, en las que presentaron alegaciones consensuadas con todos los consejos andaluces. Sin embargo, en ningún momento tuvieron acceso directo al primer borrador; es más, se enteraron de la existencia de dicho documento a través de sus dos representantes en la comisión de trabajo, quienes tenían instrucciones claras de no facilitarlo, lo que dificultó considerablemente el inicio de los trabajos de los consejos para presentar sus propuestas de alegaciones. Aunque se les prometió que las propuestas aceptadas se incluirían en el siguiente borrador, al revisar el Orden del Día del Consejo de Gobierno de la Junta del 17 de septiembre, descubrieron que el Anteproyecto de la LUPA sería tratado sin su conocimiento. Ante estos hechos, contactaron con los sectores afectados por la ley y confirmaron la existencia de un nuevo borrador que no les fue remitido y, lo más grave, que no refleja las medidas acordadas previamente con la Consejería de Universidades. Por motivos que desconocen, dicho borrador no fue debatido en la sesión indicada y ha quedado pendiente de pasar por Consejo de Gobierno en la siguiente sesión.
Preocupación del estudiantado
En palabras de los representantes, el hecho de que la Consejería entre a regular algunas cuestiones que deberían legislarse por universidad es algo que preocupa al estudiantado. Las normas relativas a la composición de los órganos de gobierno y sus integrantes son aspectos, que si bien están recogidos en la LOSU, en la LUPA lo acotan a mínimos, perjudicando a algunas universidades e impidiendo que aspectos como éstos puedan ser determinados por cada universidad. A todas luces, desde la representación de estudiantes perciben que hay una excesiva intromisión por parte de la Junta, lo que coartará derechos existentes y limitará en un futuro que otras universidades tomen decisiones consensuadas con sus estudiantes.
Lo cierto es que, en un principio, se dijo desde la Consejería que la LUPA no pretende regular excesivamente y que su fin es crear un marco normativo que permita a las universidades adaptarse a la normativa vigente, atendiendo siempre sus particularidades; afirmación que entra en contradicción, cuando, a través de la ley, la Junta se toma la atribución de regular sobre temas tan importantes como el paro académico del estudiantado. Si bien la norma busca una homogeneidad a nivel autonómico, no tiene en cuenta las particularidades de cada universidad, atentando gravemente sobre un derecho conseguido por la comunidad estudiantil en algunas universidades andaluzas, despojándolos de éste y obligándoles a acatar un marco normativo que va en contra de los intereses del estudiantado. De no haber cambio en el Anteproyecto, la Junta decidirá la forma en la que se ejerce este derecho y limitará la competencia de las universidades, que no podrán regular el paro académico en consenso con su comunidad, atendiendo al contexto propio de estas.
Otra de las cuestiones que preocupan profundamente a los Consejos de Estudiantes y ante el que se oponen firmemente, es el artículo de la Ley Universitaria que exige un nivel B2 de idiomas para la obtención de títulos universitarios oficiales. Alertan que esta medida tendrá un impacto económico significativo en las familias con menos recursos, dificultando a muchos estudiantes la posibilidad de culminar sus estudios superiores. Aunque la ley menciona la creación de programas de becas y ayudas, los representantes consideran que la financiación no será suficiente para garantizar que todos los estudiantes puedan cumplir con este requisito. Conocedores del verdadero problema que representa el idioma en España, sobre todo el inglés, añaden que, lo urgente no es una acreditación sin más, sino una apuesta real para que el estudiantado mejore sus competencias lingüísticas y pueda enfrentarse sin miedo al mundo laboral en cualquier contexto. Afirman que llevan mucho tiempo denunciando que las becas y ayudas para acreditación lingüística no son suficientes y que en muchas ocasiones los estudiantes llegan con ese nivel aprobado desde el bachillerato, pero se pasan toda la carrera sin tocar un segundo idioma, en muchos casos porque sus familias no pueden costearse una academia o no pueden permitirse salir de Erasmus, pero igualmente acaban con un título universitario al finalizar la carrera y es cuando inician el verdadero drama, puesto que no están preparados para enfrentarse a una entrevista de trabajo en un segundo idioma. Anualmente se lanzan a miles de profesionales al mercado laboral, pero no se les dota de todas las herramientas para desarrollarse plenamente. Cuando se legisla debe hacerse desde la responsabilidad y desde el conocimiento de la situación de las familias y no solo mirando a un sector de la población. La comunidad estudiantil andaluza necesita medidas reales y no experimentos que solo llevarán a que el estudiantado se vea en una situación de desesperación absoluta al ver que no es capaz de lograr esa exigencia, denuncian los representantes.
La penalización en la ponderación del voto en las elecciones a Rectorado es otra de las sorpresas con las que se han topado los representantes. Aunque se presenta como un ajuste para toda la comunidad universitaria, serán los estudiantes, la comunidad mayoritaria en cualquier universidad, quienes sufrirán las consecuencias. Consideran abusivo el requisito del 30% de participación para que su peso se considere en las decisiones, viéndolo como un castigo en lugar de una solución. En lugar de penalizar al estudiantado por la baja participación, los representantes instan a la Consejería a investigar las razones detrás de este fenómeno, como la falta de interés, el descontento con el sistema actual y la escasa información sobre el proceso electoral. En lugar de aplicar sanciones, argumentan que se deberían implementar estrategias efectivas para fomentar la participación y asegurar que la voz del estudiantado sea escuchada en las decisiones cruciales.
Además, la reducción de un miembro por universidad en el Consejo Asesor de Estudiantes de Universidades Andaluzas (CAEUA) de dos a uno horroriza a los consejos. Se trata del único órgano de representación donde los representantes de estudiantes trasladan las inquietudes, problemas y necesidades de la comunidad estudiantil de las universidades andaluzas a la Consejería de Universidades. La disminución de su representación no solo limita la voz del estudiantado, sino que también dificulta la comunicación efectiva con la Consejería, esencial para abordar los desafíos que enfrentan los estudiantes. A pesar de que las reuniones en este órgano son escasas, es crucial mantener las dos plazas para garantizar que las diversas perspectivas del estudiantado sean escuchadas. Ante esta situación, los representantes se preguntan: ¿a quién beneficia realmente esta decisión?
Por último, los representantes de estudiantes han estado semanas solicitando ser recibidos por la Consejería de Universidades para discutir cuestiones cruciales, incluyendo el Anteproyecto de Ley. Han intentado reunirse con la Consejería en cuestión en múltiples ocasiones, así como convocar al CAEUA para abordar estos temas de interés. Sin embargo, solo han obtenido evasivas y diversas excusas, lo que evidencia un ninguneo constante hacia este sector estudiantil. Esta falta de respuesta por parte de la Consejería no sólo deslegitima la voz del estudiantado, sino que también pone de manifiesto una preocupante falta de interés en atender las necesidades y preocupaciones de la comunidad universitaria andaluza.
Ante esta situación, los representantes del estudiantado reclaman al consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, que, antes de llevar el Anteproyecto de la LUPA al Consejo de Gobierno, se cumpla lo acordado con su la representación estudiantil y se les permita continuar trabajando en el documento. Subrayan que se han sentido discriminados en comparación con otros sectores, ya que las reuniones con rectores, rectoras, consejos sociales y sindicatos se han realizado de forma presencial, repartidas en varias jornadas que duraron horas. Es más, el pasado 31 de enero y 1 de febrero, la rectora y rectores andaluces tuvieron la oportunidad de trabajar sobre el borrador de la LUPA con el Consejero de Universidades, lo que les brindó la oportunidad de ser escuchados y tratados con el respeto que merecen. Esta situación contrasta drásticamente con la experiencia del sector estudiantil, el más grande y el que más afectado se verá por las medidas que se aprobarán, que han tenido que conformarse con una reunión presencial y otra telemática, solo con los dos representantes.
Finalmente, los consejos reconocen que será muy complicado lograr modificaciones sustanciales del texto durante el trámite de Información Pública y Audiencia de la Ley, anticipándose a cualquier declaración de la Junta al respecto. Por ello, ruegan a la Consejería de Universidades que escuche sus preocupaciones y no ningunee a un sector ya de por sí maltratado por el sistema actual. Afirman que la comunidad estudiantil exige ser parte activa en la elaboración de políticas que impactarán en su futuro y bienestar, y reclama un trato equitativo y justo en un proceso tan crucial.
