Crece en Málaga un 200% el fraude eléctrico vinculado a plantaciones de marihuana. Los fraudes eléctricos en Málaga en 2023 fueron 2.817, cifras similares a las del año anterior; mientras que los vinculados a marihuana crecieron en un 200%.
Así lo han asegurado en un comunicado desde Endesa, señalando que tan solo el pasado año, e-distribución, la filial de redes de Endesa, desmanteló en Málaga ocho fraudes al día, «una práctica que supone una grave amenaza para la seguridad de las personas y genera importantes perjuicios para el conjunto de la sociedad». Crece en Málaga un 200% el fraude eléctrico vinculado a plantaciones de marihuana
En el último año en Málaga e-distribución abrió 2.817 expedientes de fraude y en 2022 una cifra similar con 2.812. La energía recuperada vinculada a estos expedientes ha aumentado un 68% hasta alcanzar los 40,6 GWh, equivalente al consumo de 13.800 hogares.
Las plantaciones de marihuana acapararon el 40% de la energía defraudada detectada durante el pasado ejercicio por la filial de Endesa en Málaga.
El resto correspondió a grandes consumos vinculados a la actividad industrial, negocios y al sector residencial, aunque es destacable que sólo el 2% se localizó en las viviendas con un consumo más bajo, con una potencia contratada inferior a los 3KW.
Crece en Málaga un 200% el fraude eléctrico vinculado a plantaciones de marihuana
Según han apuntado, las estimaciones indican que «el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro».
«La manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Suponen un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta a la calidad del suministro a los vecinos y cuesta dinero a todos los consumidores», ha señalado el director general de Redes de Endesa, José Manuel Revuelta.
PLANTACIONES DE MARIHUANA
En Málaga la energía recuperada en los fraudes vinculados a plantaciones de marihuana en el interior de edificios, conocidas como indoor, ha crecido casi un 430% en un año pasando de tres a 15,8 GWh en 2023.
En España los expedientes por enganches ilegales a la red eléctrica vinculados a plantaciones de cannabis en las zonas en las que opera e-distribución han aumentado cerca de un 70% en los cinco últimos años, y la energía recuperada en estos expedientes ha crecido un 83% en el mismo periodo.
Cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas con lo que el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de los equipamientos y de la calidad de suministro en zonas con elevado porcentaje de fraude es evidente.
Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente al consumo de Sevilla en un año. En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica.
Han indicado que generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan a todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados. Durante el pasado año, se incendiaron 14 centros de transformación sólo en Sevilla y Granada por sobrecargas derivadas del fraude.
La proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por «verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal» según los datos del Ministerio del Interior, supone además un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, que deben actuar encapuchados para evitar su identificación y desarrollan su labor con acompañamiento policial.
En el último año, e-distribución ha participado en cerca de 2.400 operaciones de las Fuerzas de Seguridad para desmantelar cultivos indoor, una colaboración que se refuerza con el intercambio continuo de datos y se extiende a otros expedientes de manipulaciones en la red, ya que en seis de cada diez casos es necesaria su colaboración para cortar los suministros fraudulentos.
INSPECCIONES Y TECNOLOGÍA
Según han apuntado, el uso de la inteligencia artificial y el empleo de nuevas tecnologías se han convertido en herramientas «esenciales» para combatir un fraude «cada vez más profesionalizado y en el que existe una alta tasa de reincidencia tras la que subyace una percepción de escaso riesgo económico y una legislación más laxa que en otros países de nuestro entorno».
En España la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como un delito leve con pena de multa a diferencia de países como Francia, Alemania, Portugal o Italia, donde se considera un delito grave que puede acarrear pena de cárcel, han precisado.
Para combatir este problema que afecta al conjunto de los ciudadanos, e-distribución realizó el pasado año cerca de 400.000 inspecciones y tiene previsto efectuar 1,5 millones de inspecciones en periodo 2024-2026.
Además, han indicado que la colaboración ciudadana también resulta «crucial» para luchar contra este delito. «Los ciudadanos pueden informar de manera anónima a su compañía distribuidora si sospechan que se está cometiendo fraude en su entorno», han apuntado. Los clientes en el área de distribución de Endesa pueden escribir al correo electrónico anomalias@enel.com, llamar al teléfono gratuito 800760220 o rellenar un formulario en la web de edistribucion.com.
Durante el año pasado, a través de estas vías se registraron 55.000 denuncias que permitieron realizar 21.260 inspecciones en la red.
Desde Endesa han reiterado su «disposición a colaborar con administraciones, instituciones y fuerzas de seguridad para buscar soluciones a este problema que supone un serio peligro para las personas y para la red eléctrica, es origen de electrocuciones e incendios, afecta a la calidad del suministro y tiene un elevado coste para el conjunto de la sociedad».
