Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Vélez-Málaga al propietario de una finca donde constaba más de un centenar de empadronamientos fraudulentos. Asimismo, otras tres personas han sido arrestadas por dedicarse, presuntamente, a captar en la provincia de Almería a extranjeros que necesitaban este tipo de trámite para regularizar su situación en España.
Según han informado desde la Comisaría provincial de Málaga a través de un comunicado, en la actualidad en concreto se hallaban empadronadas 173 personas en dicha finca, con una superficie de 136 metros cuadrados y que contaba con dos viviendas construidas. De esas personas, 153 son extranjeras.
Fruto de una operación policial llevada a cabo en 2022 que pretendía poner fin a la proliferación de asentamientos clandestinos de caravanas en el municipio de Vélez-Málaga, se localizó una finca que carecía de los permisos necesarios para la actividad de estacionamiento de larga estancia.
Inspecciones posteriores denotaron que la propiedad contaba con un elevado número de personas empadronadas, llegando a registrar en el momento actual 173. Ante estos datos, los agentes realizaron gestiones con las administraciones para identificar a las personas que realmente residían en el lugar. De todos los empadronados 153 resultaron ser extranjeros y sólo 12 habitaban allí.
Las informaciones recabadas pusieron de manifiesto que supuestamente muchas de las personas empadronadas nunca habrían morado en la finca. Se trataba principalmente de ciudadanos extranjeros, de origen marroquí y senegalés, que eran captados en la provincial de Almería por intermediarios y que habrían llegado a pagar entre 300 y 700 euros para obtener el certificado de empadronamiento y con ello regularizar su situación administrativa.
La operación policial ha conseguido identificar una estructura criminal que basaba su actividad en la falsedad documental y el favorecimiento de la inmigración ilegal. Igualmente, se ha comprobado que otras personas investigadas han conseguido regularizar su situación en España gracias a esta organización, pudiéndose enfrentar a una revocación de los permisos ya concedidos, así como a las correspondientes sanciones administrativas.