Este lunes se ha celebrado la primera sesión del juicio por el supuesto amaño en la adjudicación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), que explotará el Grupo México Minorbi. Las defensas de los acusados han pedido la nulidad del mismo por «vulneración de los derechos fundamentales y extralimitación de las competencias» de la Sección Séptima de dicha instancia provincial, en sus resoluciones sobre la instrucción emitidas por un tribunal participado por la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de los ERE.
«El fin de la Policía fue el puro amedrantamiento de unos funcionarios honrados»
Así lo han planteado en esta primera sesión, en la que se abordan las cuestiones previas, que se celebra este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, diez años después de la denuncia que presentó Emerita España, que perdió el concurso. Un proceso en el que la Fiscalía ha pedido hasta en dos ocasiones el sobreseimiento del mismo y la absolución para las 16 personas que sentadas en el banquillo de los acusados.
En esta primera jornada del macro juicio se han planteado las cuestiones previas de las partes, que son Emerita, Ecologistas en Acción y Andalucía Mining como acusaciones particulares y las defensas de los acusados, en una sesión que tendrá continuidad mañana martes.
Los distintos letrados de las defensas han planteado entre esas cuestiones previas «la vulneración de derechos fundamentales; en concreto, los que aluden a la libertad, defensa e intimidad». De este modo, los abogados han esgrimido que «en el momento de la detención de los acusados, lo correcto hubiera sido citarles en calidad de investigados y no detenidos, con lo que la detención fue desproporcionada y, por tanto, reprochable». «El fin de la Policía fue el puro amedrantamiento de unos funcionarios honrados».
Los letrados también han señalado que hubo un «proceso lesivo al derecho a la intimidad de los representados porque no estaban imputados en ese momento, sino que lo estuvieron dos años después». En este sentido, han vuelto a pedir la nulidad del informe pericial y del informe de la UCO con fecha de octubre de 2017.
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