Un total de ocho personas han sido detenidas por la Guardia Civil en el marco de la operación Salaria por su presunta pertenencia a un grupo criminal que favorecía la inmigración ilegal en Málaga, Jaén y Murcia. A estos se les atribuye, presuntamente, la comisión de delitos contra los derechos del trabajador y de los ciudadanos extranjeros, coacciones, falsedad documental, usurpación de identidad y fraude a la Seguridad Social.
La intervención sobre esta red organizada ha concluido con la liberación de 15 víctimas, las cuales se encontraban retenidas en varios pueblos de las provincias mencionadas. Tres de ellos se encontraban en la localidad malagueña de Ronda.
Modus operandi
La investigación de la Guardia Civil comenzó tras percatarse de la apertura de más de una veintena de establecimientos de comida rápida en Jaén en un corto periodo de tiempo. Los locales llamaban la atención por su escasa actividad y se pudo constatar que la mayor parte de sus empleados, de origen pakistaní, se encontraban en situación irregular en España.
Todo ello llevó a los agentes a efectuar registros en establecimientos y domicilios, en los cuales se localizó documentación falsa, como empadronamientos, contratos de alquiler y de compraventa de viviendas.
Entre los detenidos se encuentran los tres líderes, también naturales de Pakistán, los cuales organizaban y dirigían tantos los locales como la red, en la que había roles de intermediarios y testaferros, que prestaban sus nombres para ser titulares de los locales. También hay un español entre los arrestados, el cual daba cobertura al grupo con la tramitación de expedientes.
Explotación laboral
En cuanto a las víctimas de la trama, que no son otros que los empleados, estos se encontraban en situación de explotación laboral. Todos ellos se encuentran en situación irregular en el país y los cabecillas les requisaban la documentación personal para retenerlos. No tenían contratos laborales ni recibían salario por su trabajo.
Todo ello sin contar con que trabajaban por encima de los límites legales y no contaban con descansos. La vivienda se la suministraba la organización, en pisos con las mínimas condiciones de higiene y habitabilidad. Algunos de ellos vivían directamente en los locales donde trabajaban.
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