El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde delegado de Hacienda y Aguas del Torcal, Antonio García Acedo, y el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Fernández, han comparecido en rueda de prensa para denunciar públicamente, según han señalado, «la utilización que esta llevando a cabo el Gobierno de España sobre los ayuntamientos a la hora de obligarlos a actuar como meros recaudadores de impuestos”, en relación a la creación del nuevo Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la Coincineración (IDRV).
Dicho impuesto, creado por el Gobierno de España, se enmarca dentro de la Ley de Economía Circular, una nueva normativa estatal creada para tratar de introducir un cambio de modelo productivo para la preservación del medio ambiente, algo con lo que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento sí manifiesta su apoyo y concordancia, pero no con el procedimiento que se trata de llevar a cabo con tal fin.
“En el año 2023, el PSOE crea el canon de la basura como ya lo hiciera en el 2010 con el agua; pero esta vez ha resumido mejor la justificación: quien contamina y produce la basura, paga. Es decir, todos nosotros, cada hogar, usuario, empresa, industria o comercio. Y deciden que paga quien contamina para asumir costes. Están utilizando a los ayuntamientos como meros recaudadores de impuestos, como el Sheriff de Nottigham obligándonos a cobrarles a los ciudadanos para luego ingresárselo al Gobierno. Eso no es de recibo. Economía circular sí pero no podemos tener un Gobierno recaudador de ese calibre”, sentencia el alcalde Manolo Barón.
Los efectos no se han hecho esperar tal y como ha confirmado el teniente de alcalde Antonio García Acedo: “A las administraciones locales nos convierte en meros tramitadores de ese impuesto, por lo que debemos dejar muy claro que el Ayuntamiento recauda pero no se queda con el dinero”.
De hecho, el dinero se transfiere al Estado a través de las aportaciones que se realizan al Consorcio de Residuos. En el último Pleno se aprobó una modificación presupuestaria para ampliar un 74 por ciento el importe previsto de aportación municipal al consorcio por la prestación de servicios, pasando de los 500.000 euros presupuestados inicialmente a 950.000 euros como consecuencia de la aplicación del IDRV respecto a los costes de la recogida de basuras selectivas por parte del consorcio.
“El Gobierno establece que tendremos que modificar la ordenanza municipal para aplicar la nueva normativa estatal. No nos aumentan la liquidez, no nos dan medios para hacerlo, no nos ponen nuevos contenedores, no nos dan ayudas para mejorar los medios de transporte que recogen esta nueva basura, pero sí que nos obliga a agravar con un nuevo impuesto a todos los antequeranos”, concluye García Acedo.
