El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tras incorporar varias enmiendas incorporadas al texto en el Senado, donde el proyecto de ley se aprobó la semana pasada.
En el marco de la nueva ley se ha aprobado una modificación propuesta por el PSOE al artículo 11 del canon de generación a la energía hidráulica para incluir una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la aplicación de este canon aprobado en 2015 por el gobierno del PP. Precisamente, ese ha sido uno de los asuntos más criticados durante el debate del proyecto de ley, ya que varios grupos parlamentarios, entre otros PP, Cs, PNV y Vox han afeado al Ejecutivo la «utilización» de la nueva norma para introducir este impuesto.
Además, ha salido adelante una enmienda del PP para eliminar el IVA las donaciones de bienes que se realizan a las ONG y ha quedado finalmente prohibida la utilización de compuestos químicos como los ftalatos en los envases de plástico destinados a la alimentación, una cuestión que se eliminó en el Senado con los votos favorables de PSOE y PP.
La nueva ley establece nuevos objetivos en materia de prevención de residuos que señalan una reducción del peso de los residuos producidos de un 13% en 2025 y de un 15% en 2025 respecto a los generados en 2010. Además, prevé que desde 2023 los comercios minoristas de alimentación con una superficie de más de 400 metros cuadrados destinen el 20 por ciento de su superficie a productos sin embalaje primario, por ejemplo, mediante la venta a granel o el uso de envases reutilizables; la prohibición de destrucción o la eliminación de excedentes no vendidos de productos no perecederos.
Asimismo, incluye un plan para incorporar la recogida separada de otros flujos de residuos como el textil o el aceite de cocina usado y una hoja de ruta para eliminar el amianto de los edificios en España.
Por otro lado, la normativa traspone la directiva europea de plásticos por la que quedará prohibida la venta y distribución de, entre otros, vasos, cubiertos de plástico o bastoncillos.
Con la nueva ley se crean dos nuevos impuestos –un aspecto también muy discutido en el debate parlamentario de esta norma, que ha durado nueve meses– como el canon al vertedero, al que se han opuesto los grupos catalanes porque esta comunidad autónoma ya tenía un canon similar y considera que el Gobierno se entromete así en sus competencias; así como un impuesto al plástico, además de la recuperación del canon a la generación hidráulica.
Tras la aprobación de la ley, el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde, ha mostrado su satisfacción a Europa Press porque la ley «avanza en la política de residuos y en la prevención de los mismos, abre la puerta a la puesta en marcha del Sistema de Devolución y Depósito de Residuos (SDDR), avanza en la eliminación del amianto y en la eliminación de sustancias tóxicas en los plásticos. «Estoy muy satisfecho. Es una victoria ecologista. Ahora hay que ponerlo en marcha», ha manifestado.
En el pleno del Congreso ha elogiado la ley porque supone «un paso adelante muy relevante en materia de residuos» aunque ha alentado a ir «más allá». «Para ser más ambiciosos tenemos que dar los primeros pasos y esta ley los da», confía.
Por su parte, el diputado del PP César Sánchez ha valorado a Europa Press que la ley llegó al Congreso «tarde y mal» pero durante el trámite parlamentario se han incorporado mejoras. No obstante, ha expuesto que al PP le hubiera gustado mejorar otros aspectos como que el impuesto al plástico tuviera un carácter finalista y que se destinara a políticas de economía circular, aunque ha subrayado que esta enmienda ha sido rechazada por PSOE y Vox.
Entre las enmiendas aprobadas e impulsadas por el PP ha celebrado que la ley incluya en su nombre «para una economía circular»; que en el apartado de definiciones se fije el concepto de economía circular y que se haya logrado eliminar el IVA de las donaciones a los bienes que se destinan a las ONG.
CANON E IMPUESTOS
No obstante, ha añadido que desde el PP quieren mandar un mensaje «muy claro» al Gobierno: «O cumple con lo pactado en la palma con los presidentes autonómicos y baja los impuestos o los bajará el PP en el Congreso, como ha sucedido con el IVA a las donaciones en esta ley».
Por su parte, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha calificado la ley de «necesaria» para cumplir con los objetivos de residuos y con la directiva de plásticos de un solo uso, pero ha criticado la introducción de la modificación del artículo 11 de la Ley de Aguas. En este crítica ha coincidido la diputada de Cs Carmen Martínez que no está de acuerdo con esta recuperación del canon hidroeléctrico.
«Esta no es forma de hacer las cosas, con una enmienda metida a marchas forzadas en el Senado de una ley que nada tiene que ver y empobrece el debate parlamentario de la ley de residuos, algo a lo que ya estamos acostumbrados a que hace este gobierno en demasiadas ocasiones», ha lamentado Martínez.
Para el diputado de BNG Néstor Rego, este texto es una «oportunidad perdida» para avanzar en residuos porque se queda «por detrás de las expectativas» y ha lamentado la falta de altura de miras y de ambición para transformar las políticas y los comportamientos en cuanto a la gestión de residuos. En la misma línea, ha criticado el ‘canon hidráulico’ porque vaticina que las eléctricas lo trasladarán a los consumidores.
Desde Más País-Verdes Equo, Inés Sabanés ha exigido más determinación y ambición en la aplicación de la ley; mejorar el control del cumplimiento de objetivos y mayor transparencia en los datos de reciclaje que tienen que estar «controlados desde lo público».
Para la diputada de Junts per Cataluña Pilar Calvo, «cuanto más se ajustan el cinturón los catalanes, más ancha es Castilla» pues critica que con la introducción en la ley del canon al depósito en vertedero se sienta un «peligroso precedente» y un «agravio» para Cataluña porque un tributo autonómico pasa a ser de carácter estatal.
En todo caso, también ve que la ley se queda «lejos de las expectativas» iniciales durante los nueve meses y más de 1.000 enmiendas al texto en la tramitación legislativa.
Desde ERC, han aplaudido que el SDDR se introduzca en función del cumplimiento de objetivos de reciclado y del mismo modo han criticado el canon de vertido estatal.
Mientras, el diputado de Vox Pablo Juan Calvo ha criticado en su conjunto el proyecto de ley de «este gobierno ecofanático» que se ha tramitado rápido y con enmiendas transaccionales «de última hora» y que está «cargado de ideología» lo que motivó el voto en contra de la formación verde en el congreso y su veto en el Senado.
A su juicio los impuestos nuevos que fija la Ley «no sirven ni para prevenir, ni para reducir, solo para recaudar» y ha advertido de que podrán suponer un «coste inasumible» para muchos sectores.
Ha cerrado el debate en la Cámara Baja la diputada socialista Eva María Bueno, que ha elogiado la ley porque afronta «uno de los mayores desafíos para el medio ambiente» como es el desarrollo y la salud humana. Así, se ha dirigido a Vox para asegurar que la «conservación del medio ambiente es una exigencia social y un deber de los poderes públicos» y que «aquellos que no ven esta realidad carecen de patriotismo».
La diputada ha explicado el contenido de la ley y ha justificado la introducción de los dos impuestos –al vertedero y a la incineración y el de envases de un solo uso– y la recuperación del canon hidráulico porque «la fiscalidad ambiental es un elemento para incentivar el comportamiento respetuoso con el medio ambiente: el que contamina paga».
