El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la reforma de la ley del aborto, que garantiza esta prestación en hospitales públicos, y elimina la obligatoriedad del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, con lo que el texto continuará su tramitación parlamentaria en el Senado.
Con la aprobación del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Igualdad, que ha contado con 190 a favor, 154 en contra, entre ellos PP, Vox y Ciudadanos, y 5 abstenciones, se da, en palabras de la ministra Irene Montero, «un paso muy importante» para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en España.
Montero ha agradecido a la mayoría feminista de la Cámara su apoyo a la futura norma y ha recordado a figuras como a las once de Basauri, Justa Montero o la exministra de Igualdad Bibiana Aído.
«Las leyes feministas siempre tienen muchas madres», ha enfatizado la ministra, quien ha ensalzado el feminismo como «el principal impulso democratizador» de la sociedad en «este momento difícil para la democracia» y «en un contexto de ofensiva reaccionaria».
La ministra ha destacado que la reforma garantiza que las mujeres puedan abortar en el hospital público más cercano a su domicilio, recupera el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las chicas de 16 y 17 años sin necesidad de tener el permiso paterno, facilita el acceso a los anticonceptivos de última generación y procura educación afectivo sexual en las escuelas.
Eliminación de los días de reflexión antes del aborto
Elimina el periodo de tres días de reflexión obligatorios antes de someterse a un aborto, así como la práctica habitual de entregar un sobre con la información sobre los recursos a los que puede acudir la mujer que va a abortar y que incluye prestaciones y ayudas a la maternidad.
Regula la objeción de conciencia y contempla bajas temporales de preparto en la semana 39 y bajas por menstruación incapacitante, además, blinda los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, e impide a los médicos objetores participar en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas.
Estos comités no tendrán la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá «recurrir en vía jurisdiccional» su decisión en caso de no estar de acuerdo.
Además, contempla que se garantice la no discriminación de los sanitarios no objetores, «evitando que se vean relegados en exclusiva» a la práctica de abortos, ni la de los que lo son.
En caso de discrepancia entre una menor de 16 años y quien deba autorizar que ésta se someta a un aborto, el conflicto se resolverá por la autoridad judicial con «carácter urgente» y las instituciones públicas no apoyarán a las asociaciones provida.
El texto aprobado fomenta la implicación y la responsabilidad de los hombres en la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual y considera contratos nulos de pleno derecho los relativos a la gestación subrogada.
Incluye asimismo nuevas definiciones como la esterilización forzosa, la anticoncepción forzosa y aborto forzoso como formas de violencias contra las mujeres en el ámbito reproductivo.
En su intervención, la ministra ha advertido de la «fuerte ola reaccionaria» que «de forma agresiva quiere frenar los avances y derechos de las mujeres en el mundo»: «Quieren hacernos dudar de nuestra fuerza colectiva y de nosotras mismas».
Los socios parlamentarios del Ejecutivo también han cargado contra el PP y Vox por oponerse a lo que consideran un avance en los derechos de las mujeres, y si bien han manifestado algunas discrepancias con el texto, han reconocido la necesidad de esta reforma.
Por su parte el PP, a través de su diputada Teresa Angulo ha hecho referencia a la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se muestra crítico con varios de los ejes principales del proyecto y ha insistido en que el Ejecutivo se parece «cada vez más a la Sección Femenina» del franquismo porque, a su juicio, busca que las mujeres sean menos libres y estén menos informadas.
Lourdes Méndez, de Vox, ha insistido en su discurso de inconstitucionalidad de la ley al no proteger ni a la madre ni al no nacido.
En este sentido, la diputada socialista Susana Ros se ha dirigido a estos dos grupos a los que ha acusado de querer legislar desde la moral cristiana: «La religión en la iglesia y la educación, en las aulas», ha aseverado la diputada que también ha criticado a Ciudadanos por defender la gestación subrogada.
