El Consejo andaluz de Transparencia registró 48 notificaciones por brechas de seguridad en 2023, un 26% más que en 2022. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró 48 notificaciones relativas a «brechas de seguridad» durante el pasado año 2023, que son diez más –un 26% más– que las contabilizadas en el anterior ejercicio de 2022.
Así se desprende del informe anual de actuación de dicho organismo correspondiente a 2023, consultado por Europa Press tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, donde se desglosa por trimestres el número de notificaciones relativas a ‘brechas de seguridad’ registradas el año pasado.
El Consejo andaluz de Transparencia registró 48 notificaciones por brechas de seguridad en 2023, un 26% más que en 2022
En concreto, el trimestre de 2023 con mayor número de estas notificaciones fue el tercero, con 15, mientras que en el cuarto se registraron 13, y las restantes 20 se distribuyeron entre el primero y el segundo, con diez en cada caso.
La administración autonómica y la local concentraron –con 16 notificaciones cada una– dos tercios del total, según se recoge en el mismo informe, en el que se detalla además la «severidad» de las brechas de seguridad, que fue «baja» en la mayoría de casos; en concreto, en 36, el 75% del total, mientras que nueve fueron de severidad «alta» y las tres restantes de severidad «media».
De igual modo, en 15 casos se notificaron estas brechas a los afectados, mientras que en 17 se decidió que no se iban a comunicar, y en otras once su comunicación a afectados estaba «pendiente de decisión».
Por provincias, Sevilla concentró el mayor número de notificaciones con 18 –el 37,5% del total–, seguida de Granada, con seis, Córdoba y Huelva, con cinco cada una. En Almería, Cádiz y Málaga se contabilizaron cuatro en cada caso, mientras que las dos restantes hasta sumar las 48 anotadas se localizaron en Jaén.
El informe de 2022 del Consejo de Transparencia, consultado por Europa Press, recogía un total de 38 notificaciones relativas a brechas de seguridad –diez menos que en 2023–, de las que el 39,5% –un total de 15– correspondían a la administración local, y el 21,1% (8) a la autonómica.
