El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró en el pasado año 2023 un nuevo «récord» en el número de asuntos recibidos, de forma que por quinto año consecutivo se incrementaron los expedientes hasta alcanzar un total de 2.016, frente a los 752 de 2019.
Así lo ha detallado el director del Consejo, Jesús Jiménez, durante una comparecencia en la comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Parlamento andaluz para analizar la actividad de la institución durante 2023.
El Consejo de Transparencia de Andalucía registró en 2023 una cifra récord de 2.016 expedientes
Con respecto a las resoluciones dictadas, tanto en Transparencia como en Protección de Datos, el Consejo experimentó también evolución ascendente, emitiéndose en 2023 casi 1.300 frente a las 627 de 2019, un 100% más, según han explicado desde dicho organismo en una nota.
Por áreas, Transparencia acumuló un total de 1.275 asuntos, 1.023 (80%) reclamaciones de Derecho de Acceso a la Información Pública, 215 (17%) denuncias de Publicidad Activa y 37 consultas. En cuanto a las resoluciones, se resolvieron 874 reclamaciones (83%) y 172 denuncias (17%).
Las reclamaciones estuvieron relacionadas en un porcentaje destacado con materias como personal, acceso a expedientes, urbanismo, información ambiental o actas. En relación a las cuestiones más denunciadas, desde el Consejo destacan asuntos como el funcionamiento del gobierno o la inexistencia de publicidad activa.
En Derecho de Acceso se consolidan determinadas tendencias como el tipo de persona reclamante –79%, persona física, y 21%, persona jurídica– así como el sexo de las personas físicas, entre quienes el 77% fueron hombres y el 23%, mujeres. Las entidades locales siguieron como los organismos más reclamados (64%), seguidos de la Junta de Andalucía (30%).
Las consejerías de Salud y Familias; Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y Turismo, Cultura y Deporte fueron las más reclamadas. En cuanto al número de resoluciones favorables al ciudadano, casi el 70% fueron positivas, por lo que se vio satisfecho el derecho a saber.
En Publicidad Activa, la persona denunciante fue una persona física en el 69% de los casos y jurídica en el 31% restante. Por sexos, el 93% fueron hombres y el 7% mujeres. En este caso, es más pronunciado también el número de denuncias a las entidades locales (85%) frente a la Junta de Andalucía, que queda reducido al 1%. En las resoluciones emitidas, un total de 172, el 55% fueron estimadas y el 45%, archivadas.
Los datos relativos al cumplimiento de resoluciones de reclamaciones y denuncias en 2023 alcanzan el 75% y el 52%, respectivamente,quedando reducido al 6% y al 16% los expedientes incumplidos.
ÁREA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En 2023 se recibieron en el Área de Protección de Datos un total de 741 asuntos, divididos en 285 reclamaciones por vulneración de la normativa –47% pertenecientes a la administración autonómica y 40% a la local–, 194 comunicaciones de delegados de Protección de Datos, 48 notificaciones de brechas de seguridad y 214 consultas.
En relación a las comunicaciones relativas a Delegados de Protección de Datos, un 87% respondieron a designaciones –el 82% de la administración local y el 12% de la administración autonómica–, 9% a ceses y 4% a modificaciones.
Las notificaciones de brechas de seguridad correspondieron un 40% a la administración local y el 44% a la autonómica, siendo la mayoría de ellas de «severidad baja» (75%) y su tipología confidencial (70%). Con respecto a las consultas, de las 214, el 62% estuvieron relacionadas con la autoridad de control, el 20% con la legitimidad del tratamiento, el 7% a la responsabilidad proactiva y el 6% con el ejercicio de derechos.
De otro lado, se dictaron un total de 250 resoluciones, pertenecientes el 24% a ejercicio de derechos, el 70% a otras vulneraciones de la normativa y el 5% relativas a procedimientos sancionadores.
Y también se emitieron cuatro dictámenes sobre categorías especiales de datos biométricos, informes médicos a centros educativos, identidad de profesionales sanitarios y comunicación a terceros de identificación de reclamantes, dictámenes que juegan un importante papel en la interpretación y aplicación efectiva de la normativa en materia de protección de datos personales en el sector público andaluz.
JURISDICCIONAL
Los procedimientos judiciales iniciados en 2023 fueron un total de 17, de los que 14 fueron en materia de transparencia y tres en materia de protección de datos. Además, se dictaron 14 sentencias, todas ellas en materia de transparencia; en concreto, tres del Tribunal Supremo, una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y diez de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
De este lado, todas fueron favorables a la autoridad de control, salvo la perteneciente al TSJA y otra procedente de un juzgado. Se contabilizó una tercera estimatoria parcial. Además, en materia de protección de datos, se dictó un auto de archivo de las actuaciones por satisfacción extraprocesal.
PROYECTOS
En la comparecencia también se han abordado las iniciativas y proyectos puestos en marcha durante este período. Entre ellos destaca la incorporación del Consejo a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, iniciativa impulsada por la Real Academia Española (RAE), y la puesta en marcha de un nuevo Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa que abarca los ejercicios 2023 y 2024, y que se divide en tres líneas básicas de actuación.
Además, también se aprobó el primer Plan de Control e Inspección sobre Protección de Datos en el Sector Público Andaluz, que comprende los ejercicios 2023-2025 y se divide en cuatro líneas básicas de actuación.
Por otro lado, el Consejo ha realizado actuaciones informativas sobre 20 proyectos para analizar y realizar recomendaciones sobre el cumplimiento en materia de protección de datos.
Entre los más destacados se encuentran el asistente virtual a la ciudadanía que emplea Inteligencia Artificial (IA), el sistema de autenticación en procedimientos administrativos mediante reconocimiento facial, el sistema de IA para el análisis predictivo de la tasa de reingreso de pacientes hospitalizados o para soluciones en el sistema educativo, el reconocimiento de patrones en la voz para detectar posible violencia de género, las bases datos de menores víctimas de violencia sexual o la aplicación para el procesado con IA de datos relacionados con conductas suicidas o el seguimiento de las recorridos en calles públicas de los terminales móviles mediante Wi-fi ‘tracking’.
El Consejo también tuvo una participación activa en una iniciativa de alcance europeo destinada a evaluar la designación y condiciones laborales de los Delegados de Protección de Datos (DPDs) en entidades tanto públicas como privadas, mientras que, por otro lado, continuó «intensificando» las relaciones institucionales con la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) y con la Global Privacy Assembly (GPA).
De otra parte, el Consejo elaboró un cuestionario orientado al personal docente como punto de partida de la elaboración de la ‘Guía sobre protección de datos personales para centros educativos’, que verá la luz el próximo curso escolar.
El órgano, además, puso en marcha el nuevo Sistema de Información para la Gestión de Expedientes, cuyo objetivo final es la tramitación 100% electrónica de sus procedimientos.
La primera fase entró en producción el pasado año, dando cobertura al seguimiento y cumplimiento de medidas en Protección de Datos, al soporte para generación de estadísticas de resoluciones publicadas, y al control y exportación de resoluciones anonimizadas a publicar en el Portal Institucional y el Portal de Datos Abiertos. Recientemente se ha incorporado la gestión de procedimientos del Área de Transparencia y, posteriormente, se procederá con la Secretaría General.
