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El curso político andaluz comienza este martes con una reunión del Consejo de Gobierno de la Junta

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía retoma este martes su actividad y con ello marca el reinicio del curso político en la comunidad autónoma tras el paréntesis que suponen las vacaciones de verano con una agenda de trabajo de la que forman parte contenidos como la aprobación de más de 35 millones de euros para una nueva oferta de concertación de plazas en residencias para personas con discapacidad en situación de dependencia.

Además, según el orden del día de trabajo de este órgano que ha consultado Europa Press, el Gobierno andaluz prevé abordar el acuerdo por el que se toma conocimiento de la puesta en marcha de actuaciones para la apertura de datos de alto valor en el ámbito de la Administración de la Junta, así como la toma de conocimiento del Plan de Choque contra la siniestralidad laboral en Andalucía.

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Asimismo, en el Consejo de este martes se tomará conocimiento de una transferencia por importe de 57,9 millones de euros a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y de otra de 72,7 millones de euros para la promoción de la internacionalización de las pymes turísticas financiada con Fondos Feder.

La reunión del Consejo de Gobierno comenzará a las 17,30 horas en su lugar habitual, el Palacio de San Telmo.

EL ÚLTIMO CONSEJO, EL 27 DE JULIO, RECURSO CONTRA LA LEY DE VIVIENDA

El último encuentro que celebró el Gobierno andaluz fue el 27 de julio, una jornada donde hizo visible sus diferencias con la Administración del Estado y elevó el voltaje político de su contenido habitual por cuanto anunció la encomienda al Gabinete Jurídico autonómico para que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda tras evaluar que el Estado «invade competencias en materia de vivienda exclusivas recogidas en el Estatuto de Autonomía».

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El recurso de inconstitucionalidad apunta contra 16 artículos y
cuatro disposiciones de la Ley de Vivienda estatal tras considerar la Junta de Andalucía que «el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda, tal y como se ha pronunciado de forma reiterada el Tribunal Constitucional».

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