La modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por la que se garantiza el pago en efectivo en cualquier establecimiento, ya que impide negar esta posibilidad a los clientes, entra en vigor este sábado, 28 de mayo.
En concreto, entra en vigor el artículo 82.4 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 noviembre, que incluye el reconocimiento de infracciones y sanciones en materia de defensa de los consumidores.
Este artículo modifica el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sobre infracciones en materia de defensa de los consumidores, al contemplar como infracción la «negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal».
De forma generalizada, esta infracción será considerada leve, si bien podría pasar a ser grave o muy grave bajo ciertas condiciones, como aprovecharse de necesidad de determinados productos o servicios, ser reincidente en la práctica o producir alternaciones sociales graves, injustificadas y previsibles, entre otras.
La sanción contemplada por realizar infracciones leves oscilan entre los 150 y los 10.000 euros, «pudiéndose sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido».
MEDIDAS PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN FINANCIERA
En el momento de aprobación del Real Decreto-Ley, la Plataforma Denaria aplaudió esta iniciativa de garantizar el derecho de los consumidores de pagar en efectivo y la aplicación de sanciones a los establecimientos que se nieguen a aceptar esta modalidad de pago.
De hecho, esta semana, la plataforma ha organizado una jornada con el título de ‘El acceso al efectivo, un derecho universal y barrera frente a la exclusión financiera’, donde los ponentes han coincidido en poner en valor el «esencial» papel que el efectivo cumple en el correcto funcionamiento de la sociedad y la economía.
«En estos momentos el capital circulante es más alto que nunca y, además, no hay que olvidar que en el mundo hay 1.600 millones de personas desbancarizadas, con lo que no podemos plantear debates sobre el efectivo sin tener en cuenta que existen importantes segmentos de población, como en el ámbito rural, cuya actividad diaria depende del efectivo y, por lo tanto, quedarían totalmente excluidos», destacó la directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), María Valldecabres.
La Plataforma Denaria ha presentado una serie de propuestas encaminadas a evitar la exclusión financiera, entre las que destaca la eliminación de restricciones en cuanto al manejo de dinero en efectivo, siguiendo del Real Decreto-Ley que entra en vigor este sábado.
Otra de las medidas propuestas por la organización es la elaboración de un mapa de riesgos y situaciones de exclusión financiera atendiendo a factores geográficos, socioeconómicos y culturales, para que sirva como base para el despliegue de soluciones que aseguren el derecho de acceso al dinero en efectivo y a otros servicios financieros, con una infraestructura esencial, viable y sostenible.
En este sentido, y de cara a mejorar este acceso al efectivo, la Plataforma Denaria promueve como medida principal y más efectiva el establecimiento de una distancia máxima entre cajeros.
También se contempla, entre otras iniciativas, definir la red de efectivo como una Infraestructura Nacional Crítica; diseñar planes por parte de las Entidades Locales (EELL) enfocados a financiar la implantación de cajeros en zonas rurales y despobladas mediante la colaboración público-privada; y potenciar el papel de Correos como instrumento para asegurar la realización de operaciones financieras básicas.
