El que fuese alcalde de Benamargosa durante doce años (2007-2019), José Gallego Pérez, ha quedado absuelto de todos los delitos de los que fue acusado y tras siete años de litigios ahora denuncia haber sido víctima de una persecución judicial financiada desde el propio Ayuntamiento que él dirigió y pide responsabilidades.
En concreto ha reclamado en una rueda de prensa la dimisión del actual alcalde, Salvador Arcas, «por permitir el gasto de ingentes cantidades de dinero público en perseguirme judicialmente y voy a solicitar al Ayuntamiento que se le pida tanto al alcalde como a José Ramón Méndez Castro (exteniente alcalde), que paguen de su bolsillo su capricho judicial».
Según ha podido conocer 101 Televisión, el coste de las diferentes acciones legales emprendidas desde el Ayuntamiento de Benamargosa contra Gallego ha podido rondar los 50.000 euros. Aunque al margen de lo económico, Gallego, que actualmente es portavoz del Partido Popular en dicho consistorio, también se pregunta ahora que «¿quién repara mi honor y el perjuicio político ocasionado?».
Por su parte, el actual alcalde, Salvador Arcas, ha respondido sobre este asunto a preguntas de este medio que «sólo me queda darle la enhorabuena al señor Gallego y aclarar que yo no he puesto ninguna denuncia contra él. Es el Ayuntamiento el que actúa y ahora está estudiando también su actual solicitud. Sólo puedo decir que si ese dinero se ha perdido, habrá que valorarlo».
En su discurso, Gallego se desquita y enfatiza que tanto él como su entorno han sufrido «una obsesiva campaña de acoso judicial, donde he sido investigado yo por múltiples causas, pero también varios concejales, familiares directos míos, empresas externas que prestaban servicios al Ayuntamiento… y todos han quedado absuelto causando un grave perjuicio para las arcas del municipio.
La defensa de José Gallego ha estado a cargo de Abdeslam Lucena, quien ha valorado que «el archivo de todas las denuncias representa un triunfo para la justicia, la verdad […] nadie va a reparar el perjuicio ocasionado, pero la justicia tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos fundamentales de las personas sean protegidos, solo de esta forma podrá existir un verdadero derecho a la tutela judicial efectiva».
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