El Gobierno mantiene que el reglamento para la protección de la salud contra los riesgos derivados de la «exposición» a la radiactividad «se cumple» en las «zonas contaminadas» de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería) y destaca que la Comisión Europea (CE) «no» ha señalado «desviación alguna» de las «normas básicas» en las misiones de verificación que ha hecho al área bajo vigilancia radiológica.
En respuesta a una pregunta escrita en el Congreso formulada por Sumar, indica que la UE «no tiene establecidos» los «niveles de contaminación» para «este tipo de situaciones», y explica que «lo más parecido» es lo que se recoge en la directiva Euratom del Consejo, de 2013, por la que se fijan «normas de seguridad básicas para la protección contra peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes».
Precisa que barema que los niveles «de referencia» para las «situaciones de exposición» a la población son de 1 a 20 mSv por año y remarca que estos niveles son que figuran en la normativa española, a la que se ha transpuesto la directiva europea.
En concreto, el Gobierno traslada que en el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado en 2022, se «imponen una serie de requisitos» que «se cumplen», según subraya, en las zonas contaminadas de Palomares.
En su respuesta, consultada por Europa Press, añade que el Tratado de Euratom establece que cada estado miembro de la Unión Europea «debe crear las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como el cumplimiento de las normas básicas», y establece que la CE «tendrá derecho al acceso a estas instalaciones de control y podrá verificar su funcionamiento y eficacia».
Concluye que la Comisión Europea ha realizado dos misiones de verificación en el marco de este tratado a Palomares, en 2010 y en 2019, y que los informes elaborados «no señalan desviación alguna en los temas de competencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)».
El Gobierno no da respuesta, sin embargo, a la mayoría de las preguntas formuladas por Sumar a raíz del informe gubernamental de EEUU dado a conocer el pasado mes de enero que reconoce que España «sigue sufriendo los efectos» de las «actividades nucleares» del país norteamericano durante la ‘Guerra Fría’ con la presencia de «contaminación residual» en Palomares que «supera los niveles» de la normativa europea.
Sumar pregunta si el ejecutivo ha tenido «acceso» a ese informe, si está «negociando en la actualidad» con EEUU la «retirada» del material radiactivo presente en la zona, o si tiene «prevista» la limpieza «con independencia de los posibles acuerdos que puedan o no alcanzarse» con el país norteamericano.
EL Gobierno no se pronuncia, tampoco, acerca de si tendría España «capacidad» para tratar los residuos procedentes de la limpieza de la tierra con americio y plutonio «sin la colaboración» de EEUU, sobre si se «ha valorado el coste económico» de la actuación o precisa para «cuándo tiene previsto» aprobar un «programa definitivo de recuperación radiológica ambiental de Palomares».
El informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU que ha motivado la pregunta de Sumar remarca que su «ayuda» es «vital» para que España «solucione» el «problema» y recoge las «negociaciones» entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el español, Pedro Sánchez, comunicadas por la Casa Blanca en mayo de 2023, para «continuar saneando Palomares».
Recoge, asimismo, que las actividades de «remediación» en este emplazamiento «se han pausado» mientras que España «sigue negociando con la esperanza de alcanzar un acuerdo final vinculante con Estados Unidos».
El informe, realizado entre marzo de 2020 y enero de 2024, concluye que, en Palomares, donde persiste radiactividad desde que en 1966 se registrase el accidente aéreo, el «crecimiento económico» unido a la «revisión de las normas de seguridad radiológica» de la Unión Europea han obligado a «impulsar restricciones en el uso del suelo» y un plan de rehabilitación «adicional».
Apunta que, si bien en los años posteriores, las actividades de vigilancia radiológica y muestreo llevadas a cabo por el actual Ciemat «se consideraron suficientes para mantener adecuadamente la contaminación remanente, sobre todo debido a la escasa actividad agrícola y urbana de la zona», hubo «cambios significativos» en la década de los 80 y los 90 «para su desarrollo agrícola y urbano».
Detalla que este hito ha llevado a España a proponer «planes» para «remediar aún más la contaminación en Palomares» y destaca que es el Consejo de Seguridad Nuclear el «principal responsable» de establecer los criterios radiológicos, «incluidas las restricciones de uso de suelo».
«EL IMPACTO RADIOLÓGICO POTENCIAL PARA EL PÚBLICO PARECE SER MUY PEQUEÑO»
El informe precisa que para ejecutar el plan preliminar de rehabilitación, que fue aprobado en 2010, España necesita «negociar un acuerdo vinculante con EEUU para que se haga cargo de la custodia del suelo contaminado para su eliminación» ya que «no dispone» de las instalaciones que son precisas.
«La ayuda de Estados Unidos es vital para producir una solución definitiva de almacenamiento que remedie el problema de contaminación residual en el emplazamiento de Palomares», reconoce, si bien alude a que la Comisión Europea, en dos misiones de verificación, ha concluido que los programas de vigilancia en la zona «son apropiados y eficientes» y el «impacto radiológico potencial para el público parece ser muy pequeño».
La Oficina de Rendición de Cuentas comunica al Senado, asimismo, que la CE «apoya» el plan de España de «retirar la tierra contaminada y transportarla a EEUU» y, por último, hace mención a la declaración de intenciones firmada entre ambos países en 2015.
Finaliza aludiendo al comunicado de prensa de la Casa Blanca de mayo de 2023 sobre la reunión Biden-Sánchez en el que se destacaban las negociaciones para llegar a un acuerdo «para seguir saneando Palomares».
