El Gobierno dice que ahora toca a los jueces aplicar la amnistía y consideran que la voluntad del legislador está clara. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha señalado que una vez que la Ley de Amnistía ha entrado en vigor este martes, corresponde a los jueces aplicarla. Además, fuentes del Gobierno precisan que está muy clara cuál es la voluntad del legislador al redactar esta norma.
«El Parlamento ya ha hecho su trabajo, el Gobierno ya ha hecho su trabajo y la ley ya está aprobada y en vigor y ahora, por tanto, le corresponde a los jueces su aplicación», ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa.
El Gobierno dice que ahora toca a los jueces aplicar la amnistía y consideran que la voluntad del legislador está clara
De este modo se ha referido a la norma, que beneficiará a los implicados en el proceso independentista en Cataluña y que fue pactada por el PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser interrogada sobre si esperaban resistencia de los jueces en su aplicación.
Alegría también ha defendido los plazos que ha seguido la ley, ante las críticas de que el Gobierno estaba retrasando su publicación en el BOE hasta pasadas las elecciones europeas del pasado domingo y ha señalado que, por ejemplo, la Ley de Enseñanzas Artísticas tardó 14 días en publicarse desde su aprobación definitiva mientras esta ha tardado 12. «Por tanto, máxima normalidad», ha defendido.
Respecto a la decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que ha acordado mantener la orden de detención sobre el expresidente catalán, Carles Puigdemont después de que este mismo martes se haya publicado la Ley de Amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fuentes de Moncloa señalan que simplemente se trata de un recordatorio, aunque consideran que es un paso que se podría haber ahorrado.
Señalan además que los jueces tienen clara cuál es la voluntad del legislador al redactar la ley y consideran que tiene un objetivo muy claro y muy loable.