El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha señalado que este año el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 impulsará un programa para la erradicación de los asentamientos de infraviviendas de trabajadores temporeros que existen en las provincias de Huelva, Almería, Murcia y Albacete, con una transferencia de recursos «que ya están contemplados» en los presupuestos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de «varios millones» y que se llevará a cabo mediante proyectos de soluciones habitacionales.
Así lo ha manifestado Santiago en declaraciones a los periodistas en Huelva, a donde ha acudido para reunirse con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, con los ayuntamientos de los municipios afectados en esta provincia –Lucena del Puerto, Lepe, Palos de la Frontera y Moguer–, así como con los agentes sociales y del tercer sector y organizaciones empresariales para tratar la solución definitiva para los asentamientos de trabajadores temporeros de la agricultura onubense.
Así, ha explicado que el Ministerio de Derechos Sociales «impulsará la coordinación» y «sumará esfuerzos» en coordinación con la Junta de Andalucía y con los ayuntamientos «que tienen este problema en su territorio» para «dar una solución definitiva y estable», así como ha subrayado que es una «solución compleja» que «requiere de la colaboración de todos los actores, no solo los institucionales» sino que se necesitan a «los actores sociales» porque «España es un país empeñado en conseguir unas condiciones de trabajo dignas».
El secretario de Estado ha destacado que «se viene trabajando con la Junta de Andalucía desde hace tiempo en este problema» con una «importante predisposición a colaborar» y con la que «se ha coincidido en la forma de abordar» el mismo.
En este sentido, Santiago ha señalado que además de comenzar con este programa se están adaptando los distintos programas de transformación, recuperación y resiliencia de la Unión Europea «para que también puedan venir recursos asignados a otros ministerios, pero que también están relacionados con el trabajo decente, con el sector agroalimentario y con el medio ambiente».
En este punto, ha señalado que esto supondrá «millones de euros» aunque aún no se maneja una cantidad concreta porque «todo depende de que haya una buena coordinación entre las administraciones», de forma que «mientras más eficaz sea la coordinación, los recursos crecerán exponencialmente» y «habrá suficiente para acabar con ello».
En cuanto a fechas concretas, Santiago ha reiterado que este año comenzará la ejecución del programa «porque la Secretaría no va a desperdiciar recursos», toda vez que ha reseñado que tiene «varios millones», pero que no hay una fecha para su finalización porque «depende también de los ayuntamientos y de la colaboración de las organizaciones empresariales» ya que «los contratos en origen incluyen un compromiso de soluciones habitacionales».
«Vivimos en un país democrático, con las administraciones descentralizadas, lo que nos exige a todos un esfuerzo de coordinación para tener más eficacia», ha apuntado Santiago antes de añadir que el compromiso del Gobierno es el de «cumplir con los requerimientos que la UE ha hecho a España» y, en este sentido, «garantizar que este problema se corrige en el menor tiempo posible» porque «España es la undécima económia del mundo y no hay ninguna justificación para que existan estas bolsas de exclusión entre trabajadores.
NUEVE PROYECTOS DE LA JUNTA
Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, ha participado en esta reunión organizada por la Secretaria de Estado para la Agenda 2030 donde ha desglosado las actuaciones realizadas desde la administración regional para erradicar estos núcleos y «combatir la situación de exclusión severa de sus ocupantes», así como evaluar proyectos en colaboración con las entidades y ONG que trabajan en la zona.
Ruiz ha explicado que, tras la solicitud de colaboración por parte del Gobierno central para iniciar un programa de actuaciones contra los asentamientos chabolistas en Andalucía que respondiese tanto a los objetivos de la Agenda 2030 como a las peticiones del relator especial de las Naciones Unidas tras su visita a la zona, Andalucía ha presentado diversas propuestas enfocadas a la provincia de Huelva, donde se registran asentamientos informales de población en Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera.
«Se trata de un problema estructural y complejo al que debemos dar respuesta de una vez por todas», ha resumido Rocío Ruiz, para recordar a continuación que las actuaciones de urgencia ya realizadas en la zona a través de subvenciones a entidades sociales han tenido un coste de 11,3 millones.
En concreto, desde la Consejería de Igualdad se han expuesto nueve proyectos. En el primer grupo de actuaciones, enfocado a la creación de instalaciones definitivas para la mejora de las condiciones residenciales de los trabajadores migrantes, destaca el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Lepe, que destinará una parcela de suelo no urbanizable de titularidad municipal para la construcción de diversos alojamientos. La propuesta contempla la adecuación del terreno y la construcción de 24 alojamientos con capacidad para 144 personas, con un coste de 1,8 millones de euros.
Asimismo, en colaboración con Cepaim, se ha proyectado la construcción de un centro diurno y albergue residencial que proporcionará alojamiento y servicios asistenciales de emergencia –con 20 plazas– y de transición hacia viviendas normalizadas en régimen de arrendamiento de emergencia –otras 20 plazas–, que tendrá un coste de 420.000 euros.
También se ha proyectado una red de viviendas «inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles» destinadas a personas de origen extranjero con situación administrativa regularizada que tengan su residencia habitual en los asentamientos chabolistas de Lepe y municipios próximos, con un coste estimado de 1,2 millones de euros
Asimismo, y junto a ACCEM, se ha proyectado la adquisición de las instalaciones del centro de día de emergencia social y de acogida de baja exigencia que la entidad arrendaba en Palos de la Frontera desde 2008, con un coste cercano a los 918.000 euros, al tiempo que se propone la adquisición compartida con otras entidades y ONG de un hotel en desuso para adaptarlo como albergue transitorio para temporeros y centro polivalente de coordinación, con un coste de 3,7 millones de euros.
Una segunda línea de acción se enfoca a la creación de una oficina técnica para acciones de inclusión social en el municipio de Huelva. En ese sentido, la Consejería coordina tres proyectos, con un coste de tres millones de euros, vinculados los objetivos de la Estrategia Eracis para intervención en zonas desfavorecidas. Estas iniciativas se llevarían a cabo junto a la Asociación Carabelas en el barrio del Torrejón, con la Federación Surge/Encuentros del Sur en la barriada Alcalde Diego Sayago y con la Fundación Secretariado Gitano.
En total, la consejera ha señalado que la Junta ha elevado al Gobierno proyectos por valor de unos 8 millones de euros para llevar a acabo proyectos en todos los municipios que cuentan con asentamientos.
«Todo ello supone una serie de recursos nuevos de acuerdo a las necesidades de estas personas, que se han trabajado conjuntamente con el Ministerio y que va a suponer, esperemos, la solución definitiva», ha manifestado Ruiz antes de destacar la «importancia» de la unión entre administraciones, empresarios, agentes sociales y el tercer sector «para poner una solución definitiva a este problema», ha concluido Ruiz.
