El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves la propuesta del Grupo Municipal Socialista para instar a la Junta a respetar los acuerdos plenarios en materia de regulación de las viviendas turísticas, adoptados por el Consistorio en sus sesiones celebradas el 27 de abril de 2018, el 17 de febrero 2022 y el 28 de abril 2022 para modificar el PGOU y calificarlas, al igual que el resto de los alojamientos para los turistas, como servicios terciarios de hospedaje y no como de uso residencial.
En la práctica, esta variación supone que estas viviendas se asimilan en materia urbanística a hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos y, en consecuencia, tienen idénticas condiciones, requisitos para su implantación en la ciudad y ubicaciones autorizadas dentro de un edificio de viviendas.
En este contexto, ante el recurso contencioso administrativo del Gobierno Autonómico en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para recurrir así a esta medida, a través de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, el Pleno ha acordado, con los votos en contra de PP y Vox, instar a la Junta «a que se desista» de dicho recurso interpuesto dado que en la tramitación de esta modificación «se ha dispuesto de informes favorables de la propia Junta, desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y de la Consejería de Salud y Familia», tal como ha apuntado el portavoz socialista, Juan Manuel Flores.
«Este recurso entra en clara contradicción con los informes favorables emitidos por la propia Junta, desde los departamentos de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; y de Salud y Familia, y vulnera los intereses de las vecinas afectados por la proliferación de viviendas turísticas en determinados barrios y contraviene los intereses de la patronal hostelera», ha añadido.
En este marco, el Grupo Socialista ha recordado que Exceltur, alianza para la excelencia turística, ha apelado a través del informe ReviTUR, a regular las viviendas turísticas (VFT) y, según su informe, son los ayuntamientos «los mejor posicionados en diseñar e implementar una ordenación territorializada del fenómeno de las viviendas turísticas en base a su modelo de ciudad, sus estrategias de dinamización de los barrios o la movilidad, entre otros aspectos».
«La actual situación del sector turístico en Sevilla, inmerso en la promoción de un modelo turístico sostenible, las demandas de vecinos de los barrios que sufren en mayor medida el fenómeno de viviendas destinadas a fines turísticos (VFT), la jurisprudencia existente al respecto, los informes favorables emitidos por la Junta de Andalucía y las propias recomendaciones impulsadas por la patronal a través de Exceltur, hacen indispensable respaldar los acuerdos plenarios adoptados por el Ayuntamiento y extender dicha regulación también al ámbito de actuación de las competencias autonómicas y estatales», ha abundado Flores.
Desde las filas del Grupo Popular, han afirmado que la moción socialista tenía como finalidad «hacernos cómplice del varapalo que recibirá el Ayuntamiento» –tras el recurso ante el TSJA– y han esgrimido su voto en contra a la petición de instar a la Junta a que lo retire porque sería «inmiscuirse» en las competencias de la Agencia de la Competencia y Regulación de Andalucía.
En Podemos-Izquierda Unida, a través de la concejal Susana Serrano, han defendido la necesidad de regular las viviendas turísticas para «no cenvertir el centro en parques temáticos lleno de franquicias». «No nos oponemos al turismo, pero sí apostamos por la sostenibilidad y regulación».
El concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja ha calificado de «delirante» el hecho de «proponer que una instancia superior respetar los acuerdos plenarios cuando el equipo de gobierno no lo hace y los mete en un cajón».
