El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reclamado este lunes a los representantes políticos un «cambio de rumbo radical» en su actitud hacia la Justicia, toda vez que este nuevo curso comienza con la «amenaza» de perpetuar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); pendiente de que se aprueben las grandes reformas que el Poder Judicial lleva reclamando más de 20 años y con una grave conflictividad laboral que, debido a la suspensión de numerosos juicios y actuaciones procesales, ha puesto a la Justicia en «riesgo de colapso».
Lorenzo del Río ha presidido en la noche de este pasado lunes el tradicional acto de apertura del año judicial en Andalucía celebrado en el patio de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA, y ha reconocido que este año judicial viene marcado por una «enorme preocupación» sobre la situación general de la Justicia. Ha lamentado así la «grave inestabilidad política» que mantiene la «amenaza de perpetuar» el bloqueo del CGPJ, de forma que el poder judicial encara su sexto año de interinidad.
Esta situación también afecta a Andalucía, según ha expuesto el presidente del TSJA, pues además de él mismo, varios presidentes de Sala y de Audiencias Provinciales permanecen en funciones, con la especial situación de la plaza de presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, vacante por jubilación hace dos años.
«No es circunstancia anecdótica o temporal, sino continuada y persistente, consecuencia de una irregular situación y anormal funcionamiento institucional, que deriva de una incapacidad política para renovar el órgano de Gobierno del Poder Judicial, así como consensuar de una vez por todas las grandes reformas estructurales pendientes», ha lamentado Lorenzo del Río ante los presentes al acto, entre ellos el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.
Así, ha advertido de que los representantes políticos son quienes «deben propiciar un cambio de rumbo radical, siendo conscientes de que sin un poder judicial autónomo e independiente no puede haber democracia ni Estado de Derecho». Ello le ha llevado a lamentar también la «crisis reputacional» que sufren los jueces y la percepción ciudadana de una «contaminación política» en la Administración de Justicia.
También se ha referido Lorenzo del Río a la «grave situación de conflictividad laboral» con la que arranca el año judicial y la importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales que se han producido a cuenta de las movilizaciones, «sin que haya visos de una solución definitiva a las reivindicaciones». Ha confiado no obstante en que ésta se produzca y ha pedido a los responsables políticos que den la suficiente importancia a las reivindicaciones que se les plantea, «para estudiar y valorar su razonabilidad y posible acogida, demostrando así su compromiso con la Justicia».
Por último, el presidente del TSJA se ha referido a la necesidad de un correcto desarrollo tecnológico en el ámbito de la Administración de Justicia, así como que se tomen «con urgencia» decisiones definitivas sobre ubicación e integración de instalaciones judiciales, dado «el deficiente estado general y dispersión de muchas de ellas».
FISCAL SUPERIOR
Estas mismas problemáticas han sido abordadas por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. De hecho, ha hecho hincapié en que en la agenda de campaña de las pasadas elecciones generales los partidos políticos «apenas sí han hecho públicas a la ciudadanía las propuestas de mejora para la Justicia, que –según ha censurado– ha quedado relegada frente a otros temas».
«Estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado en el que se ejecutan las normas jurídicas de nuestra democracia y afectan directamente a nuestra convivencia», ha clamado la fiscal andaluza, quien ha incidido en que los fiscales necesitan más medios para desarrollar su labor ante el aumento de procedimientos; especialmente los «más complejos y graves» relacionados con la corrupción política, económica y social, y los referidos a bandas organizadas del narcotráfico.
Ha reconocido, asimismo, que le preocupa el crecimiento de los delitos informáticos y los de las redes sociales que aumentan cada año con nuevas formas de delincuencia, o las que afectan al medio ambiente por las consecuencias asociadas que afectan directamente a la población y contribuyen al cambio climático.
«También apreciamos que las lesiones por reyertas están mostrando una especial violencia hasta ahora inusual. Y se mantienen elevadas cifras de violencia de género y abusos y agresiones sexuales entre menores».
La fiscal superior de Andalucía insiste en este punto en que la educación en las relaciones afectivas y de igualdad es la herramienta más válida para los menores por la «distorsión que perciben en su primeras informaciones a través de las redes sociales». Y es que, según ha razonado, la actuación penal «no siempre repara el daño causado y cuando se llega a esta instancia a edades tan tempranas habría que reflexionar de forma sosegada en qué estamos fallando como sociedad y plantear alternativas preventivas eficaces».
