El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado este jueves que el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), generará en la provincia 12.600 empleos y 226.000 jornales y la ejecución de 300 proyectos de interés general en todos los municipios de la provincia de Málaga.
La inversión que destina el Gobierno de España a este programa asciende a 20,2 millones de euros, un 4,6% más que en 2021. Salas ha presidido este jueves la Comisión Provincial del PFEA en la que se ha ratificado la distribución de estos fondos.
Esta Comisión está formada por representantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), sindicatos y organizaciones agrarias.
El PFEA es una «herramienta vital» para los municipios de la provincia de Málaga, «sobre todo para los que tienen una actividad mayoritariamente agrícola, y pretende mantener el empleo de los trabajadores del campo malagueño durante la época de paro en el campo», ha agregado.
Se trata de actuaciones diversas fundamentalmente de reparación y modernización de infraestructuras urbanas de servicios, culturales, deportivas y agrarias, así como medioambientales y forestales o la puesta en marcha de instalaciones para actividades productivas.
«De esta forma –ha continuado el subdelegado del Gobierno– se consigue mantener el empleo y las rentas para los trabajadores del campo y se ejecutan proyectos de mejora de distinta índole en nuestros pueblos».
Salas ha recordado que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado la inversión total de este programa en Málaga un 18,8%, al pasar de los 17 millones destinados en 2018 a los 20,2 en este año 2022».
«Con estos datos, se demuestra la importancia que tiene para el Gobierno el mantenimiento del empleo en las zonas rurales, que además permite evitar la despoblación, y la mejora de los municipios a través de la ejecución de proyectos de interés general», ha subrayado el subdelegado.
El Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, financia el 65% de estos proyectos. El resto de la financiación corresponde a las administraciones regional, provincial y local.
