En pleno debate por el acceso a la vivienda, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, se ha reunido este martes con la portavoz socialista en el Consistorio madrileño, Reyes Maroto. Ambos han firmado «una alianza» para que las dos ciudades sean declaradas urbes «tensionadas habitacionalmente».
«Queremos trasladar una alianza política por el derecho a una vivienda digna y asequible. Una alianza entre dos grupos municipales socialistas, porque a nosotros sí nos preocupa garantizar el derecho a la vivienda. Sí nos preocupa que nuestros vecinos en Madrid y en Málaga tengan las condiciones para acceder a una vivienda asequible. Y sí nos preocupa poner encima de la mesa soluciones a una problemática que lo que está suponiendo es un empobrecimiento para nuestros vecinos», ha sentenciado Reyes Maroto.
Pérez ha vuelto a incidir en que Málaga «tiene una población de 580.590 habitantes y hay 34.000 demandantes de VPO y 13.000 viviendas de uso turístico registradas». «Es una situación insostenible. Hay más viviendas de uso turístico registradas que en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Valencia, ciudades con más población que Málaga», ha señalado.
Además, ha acusado al equipo de gobierno de actuar de manera «negligente» por incumplir el PGOU vigente del Ayuntamiento de Málaga. «No han hecho nada. Más bien han hecho todo lo posible para que los fondos de inversión lleguen a comprar edificios completos en la ciudad de Málaga», ha añadido.
El portavoz socialista ha indicado que en Málaga hay 2.000 viviendas de carácter protegido en construcción «gracias al Plan Concertado de Vivienda del Gobierno de España y se está tramitando la urbanización de un sector para dotar a Málaga de otras 1.300 viviendas de VPO». También ha recordado que las competencias en materia de vivienda «son de las comunidades autónomas».
Medidas
En el documento firmado, los dos grupos socialistas proponen declarar el municipio de Madrid y de Málaga zona de mercado residencial tensionado, garantizar la calificación de vivienda con protección pública (VPO) de forma permanente, impulsar la construcción de un parque público de vivienda en alquiler con el objetivo de alcanzar el 20% del parque inmobiliario, incluir en las ordenanzas fiscales del presupuesto municipal aplicar a partir del año 2025 un recargo en la cuota del IBI a los grandes propietarios de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados y regular las viviendas de uso turístico mediante la adopción de las siguientes medidas urgentes.
