La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha enmarcado este miércoles el tercer grado al terrorista Harriet Iragui Gurruchaga, condenado por los asesinatos del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, José María Martín Carpena, en Málaga, y Antonio Muñoz Cariñanos, en Sevilla, en la política de «presos por presupuesto», como «ya ocurrió en 2021».
En declaraciones a los medios en Sevilla con motivo de la presentación del proyecto de mejora energética de la sede de la Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian), España ha reclamado «justicia y dignidad» para las víctimas del terrorismo de ETA. La concesión del tercer grado a Iragui Gurruchaga es fruto, ha sostenido la Junta, de una política que «ya ocurrió en 2021» cuando el líder de la actual Bildu, Arnaldo Otegui, vinculó el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales a la salida de presos de la cárcel.
«Presos por presupuesto. Ésta es la debilidad de un Gobierno que cede permanentemente al chantaje del independentismo y el terrorismo», ha sentenciado la consejera portavoz. Sobre este asunto, el ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado que la concesión «viene avalada por la autoridad judicial».
En declaraciones a los medios en el marco del acto central del Día de la Policía Nacional en Sevilla, Marlaska, que ha asegurado que no conoce el contenido de la citada resolución, ha remarcado que este tipo de escritos se dictan en «parámetros de cumplimiento estricto de la Ley».
Así se ha posicionado el ministro de Interior tras las declaraciones del presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, hijo del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, que ha reconocido este miércoles que está «decepcionado con el Estado de Derecho» por la concesión del tercer grado a Harriet Iragui Gurruchaga.
En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Portero ha aclarado que, más allá de la tristeza con la que él y su familia reciben este tipo de noticias, existe una sensación de decepción con «la aplicación de la Ley» en un caso como el de su padre, que la aplicó «toda su vida» con «imparcialidad».
La ley general penitenciaria, ha detallado Portero, recoge la necesidad «no solamente» de la petición del perdón a las víctimas sino también la «colaboración expresa y concreta» con la justicia, y en este caso, «uno de los miembros del comando, Igor Solana» escribió un texto en que «especificaba que el que le daba las órdenes era Txapote», que, con Ainhoa Múgica, también en la dirección de ETA en la parte militar entonces, están «libres de esta causa».
En el ámbito político, ha lamentado que quien haya concedido el tercer grado a Iragui en el País Vasco, donde en estos casos las condenas en prisión se convierten según Portero en una suerte de estancia en «un campamento», haya sido una consejera socialista, en referencia a la titular de Justicia, María Jesús San José.
«Eso es lo que me duele también en el alma» en tanto los socialistas «sobre todo en el País Vasco han sufrido mucho» y «han tenido ellos víctimas y parece mentira que se hayan plegado por un puñado de votos de sangre de Bildu para apoyar al presidente del Gobierno actual», en referencia a Pedro Sánchez, ha concluido Portero.
