El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena dictada por la Audiencia de Málaga a cinco personas por propiciar la prostitución de mujeres migrantes procedentes de países africanos, fundamentalmente Nigeria, a las que controlaban y trataban «como mercancía». De esta forma, rechaza el recurso de apelación interpuesto por algunas de las defensas.
Según se declaró probado por la Sección Octava de Málaga, y ahora ratifica el TSJA, estas mujeres llegaban a España «siguiendo una determinada ruta migratoria Nigeria-Níger-Libia-Argelia-Italia-«, y una vez aquí eran «cosificadas» por los acusados, «quienes las trasladaban de un domicilio a otro e (incluso a otro país) a su conveniencia».
Así, una de las acusadas, desde al menos el verano de 2017, facilitó o ayudó a prostituirse a una menor, con conocimiento de su edad de 14 años, la cual ejerció esa actividad primero en la localidad malagueña de Marbella y, luego, a partir de noviembre, en un polígono de Málaga capital.
A esos lugares era trasladada, junto con otras mujeres que se prostituían, en vehículos conducidos por ciudadanos nigerianos, que eran avisados por la acusada, que también ejercía la prostitución y que se encargaba de controlar a la menor en todo momento, señalaba la sentencia; además de alojarla a ella y a otras.
La resolución señala que todas las personas que esta procesada alojaba se dedicaban a la prostitución y eran de su misma nacionalidad nigeriana, además de que la mayoría de ellas carecían de documentación y eran solicitantes de asilo. Además, no eran dueñas de las pertenencias que usaban, como por ejemplo, los teléfonos móviles.
Por su parte, otro acusado era el encargado de recoger el dinero que ganaban las mujeres y que le entregaba la anterior acusada, ocupándose también de la recarga del saldo de esos teléfonos móviles que usaban las chicas y de algunos traslados, señala la sentencia ahora confirmada.
Tras una de las vigilancias policiales a este acusado, los agentes le intervinieron una libreta con anotaciones manuscritas de cantidades de dinero referidas todas ellas a pagos o aportaciones realizados por mujeres. Además, este procesado mantenía una estrecha relación con la anterior acusada.
De esta forma, dice la sentencia, de las conversaciones telefónicas intervenidas se desprende el interés por la rentabilidad del trabajo de las chicas y que «mostraba su malestar por el hecho de que todo el dinero se invierta en el transporte de las mismas». Además, en los teléfonos de las mujeres aparecen registros de llamadas a este procesado.
Asimismo, otro acusado era el encargado de recibir a las mujeres en Málaga, tras su captación, y posteriormente asignarlas a los domicilios de otros, como un procesado que también alojó a otras ciudadanas nigerianas que ejercían la prostitución y que carecían de documentos de identidad y de inmigración cuando llegaron a España.
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