La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra), la Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural (Amsir.org), la Asociación Regional del Transporte Escolar de Extremadura (Artex) y la Asociación Provincial del Transporte de Málaga (Apetam) han exigido al Gobierno de España la reducción «inmediata» de los impuestos sobre los combustibles y la energía selectiva para empresas y profesionales del transporte.
Las empresas de transporte han explicado a través de un comunicado que bajar los impuestos a todos los usuarios tendría «el efecto contrario al deseado», ya que «se estimularía un mayor consumo de combustibles, generando nuevas presiones inflacionistas», y «disminuiría la recaudación fiscal, estrechando el margen financiero de las administraciones para mitigar el impacto de la crisis. «Además, sería socialmente injusto: los ciudadanos sin coche subvencionarían indirectamente a los propietarios de vehículos privados», han añadido.
Asimismo, han pedido reducir el consumo energético mediante un nuevo modelo fiscal y de financiación del transporte público, especialmente en las zonas rurales, que haga innecesario el uso de vehículos privados, siguiendo el ejemplo de otros países de usar parte de los impuestos sobre vehículos privados, combustibles y peajes para construir un sistema de transporte público sólido, alternativa real al coche particular en todo el territorio.
Por último, han reclamado el impulso de nuevos modelos de transporte colectivo, como el Transporte a la Demanda (TAD), «que las nuevas tecnologías están haciendo posibles: como complemento del transporte regular». Han detallado que el TAD gestionado digitalmente, reduce el consumo al eliminar expediciones innecesarias, optimizar recorridos optimizados y permitir crear alternativas atractivas al coche privado, incluso en zonas no metropolitanas.
Las asociaciones de empresas de transporte por carretera han apuntado que, con los actuales precios de combustible «las empresas de transporte de viajero se verán forzadas a abandonar servicios o subir precios», recalcando que «ambas opciones elevarían la dependencia energética de España al forzar a usar más el vehículo privado».
