España se encuentra dentro del grupo de países con menor alcance o nivel de implantación de la auditoría dentro del sector local, dado que ni en las entidades administrativas ni en las dependientes se lleva a cabo una auditoría anual de la información financiera, ni tampoco una auditoría de legalidad.
Así se desprende del estudio ‘La auditoría de los entes locales en la Unión Europea’, elaborado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, en el que se indica que una buena parte de los ayuntamientos españoles están a la cola de las ciudades de la Unión Europea en materia de transparencia y control financiero.
Esta situación de no auditoría de una parte de las entidades administrativas y con presupuesto es contraria a la Directiva 2011/85/UE, que exige la auditoría independiente de todas las entidades del sector público de forma anual, según apuntan en el informe.
Según recuerdan los auditores, a partir del año 2022, las entidades de mayor tamaño deberán elaborar estados contables consolidados, lo que consideran que es un avance importante para que los sistemas contables permitan conocer la situación económica y financiera de estas entidades, necesario si se quiere controlar su déficit y deuda, además de garantizar la transparencia en su gestión.
En el caso de España, el estudio constata que está entre los países donde la auditoría tiene menor alcance y deberían establecerse medidas que permitan mejorar la situación, dado que incluso en las grandes ciudades no existen auditorías anuales, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de países europeos.
«La colaboración de los auditores del sector privado puede ser una opción que permita incrementar la cobertura de la auditoría, que debería ser obligatoria para todas las entidades», remarcan los auditores.
