El Congreso se prepara para poner fecha al primer debate de la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE y también para que el Pleno decida sobre la creación de las tres comisiones de investigación que los socialistas aceptaron el pasado mes de agosto a cambio del voto de los independentistas catalanes de ERC y Junts para hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara.
Estos cuatro asuntos ya están listos para que la Junta de Portavoces pueda incluirlos en un orden del día del Pleno y este órgano se reúne este martes con la previsión de programar el debate de toma en consideración de Ley de Amnistía el próximo día 12 de diciembre. primer debate de la ley de amnistía
Tras su calificación por parte de la Mesa del Congreso, con el voto en contra el PP, la ley de amnistía se publicó en el Boletín de las Cortes y se envió al Gobierno para que diera la conformidad a su debate, ya que la Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de vetar la tramitación de iniciativas legislativas que condiciones su política presupuestaria, sea por aumento de gasto o por merma de ingresos.
AMNISTÍA, 12 O 19 DE DICIEMBRE
El Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse, pero en esta ocasión le sobraron 27 para comunicar al Congreso su «conformidad» con la tramitación de dicha iniciativa. Ha habido casos en que ha respondido aún más rápido, como con la proposición de ley que acabó con el delito de sedición, cuando tardó menos de 24 horas en dar su visto bueno al debate.
Al lograr el aval del Gobierno, la propuesta de ley ya puede discutirse en una sesión plenaria. Una vez que el PSOE y sus socios aprueben su toma en consideración, se abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas. Tanto el Grupo Socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de urgencia, lo que recortara todos los plazos a la mitad.
Las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios, y, si sus partidarios piden que se tramite por lectura única (con el debate de las enmiendas de totalidad y parciales en un sólo debate en el Pleno sin pasar por ponencia ni comisión), la ley podría ser aprobada en el Congreso antes de fin de año para su remisión al Senado.
Si no se opta por esta tramitación exprés, los grupos cuentan con que el Congreso habilite el mes de enero –inhábil a efectos parlamentarios– para que la norma pueda discutirse en ponencia y comisión.
Y DESPUÉS, AL SENADO
Después quedará el trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está decidido a dilatar los plazos hasta el tope de dos meses que fija la Constitución. De ahí volverá a la Cámara Baja para su aprobación definitiva y entrada en vigor, previsiblemente en primavera.
La Junta de Portavoces de este martes también tiene que pronunciarse sobre el recurso presentado por el PP contra la decisión de la Mesa del Congreso de calificar esa proposición de ley, una revocación que también pidió Vox, pero que no tiene visos de prosperar pues son mayoría los grupos que quieren que la norma prosiga su recorrido parlamentario.
Además, está por ver si la Junta de Portavoces fija también este martes para el Pleno de la semana que viene el debate sobre las comisiones de investigación acordadas con los independentistas catalanes.
En concreto, Junts, junto con el PNV tiene registradas las relativas a los atentados islamistas y a la operación Cataluña que se achaca al Gobierno de Mariano Rajoy. De su lado, Esquerra (ERC) registró, acompañada de Bildu y BNG, la relativa al espionaje con el programa Pegasus.
JUNTS QUIERE DEMOSTRAR EL ‘LAWFARE’ Y AMPLIAR LA AMNISTÍA
En el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se habla de aprovechar las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la amnistía a los independentistas encausados a lo largo de los diez últimos años. Los de Carles Puigdemont quieren que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto ‘lawfare’ o ‘guerra judicial’ y así revisar otras causas que afectan a correligionarios.
Precisamente esa mención al ‘lawfare’ en el acuerdo del PSOE y Junts soliviantó a las principales asociaciones judiciales y al Consejo General del Poder Judicial, que interpretaron que el Congreso iba a fiscalizar la actuación de los tribunales.
