40 familias del barrio del Calvario de Torremolinos se ven las puertas del desahucio. Jimena Centurián sostiene un cartel en el que se puede leer: «Se venden familias en desahucio». Como ella, varios vecinos piden una solución delante del portal del bloque en el que viven, en la calle Rodrigo, en el Calvario. La razón es que se encuentran envueltos en una problemática legal que le ha quitado la vigencia a sus contratos de alquiler.
Como explica con documentos en mano uno de los vecinos, todo empezó en 2005, cuando se construye este edificio residencial, a través de una promotora que pide una hipoteca para su construcción. Esta misma decide ocho años después suscribir un contrato de arrendamiento junto a otras sociedades explotadoras. Y el problema comienza cuando las subarriendan a estos inquilinos, medio centenar de familias en total
Según la propia disposición judicial, a la que ha tenido acceso 101 Televisión, es cuando la promotora llega a un acuerdo con las otras mercantiles cuando esta atraviesa dificultades económicas, pero se argumenta que dichas sociedades no aportan contraprestación, por lo que el fin de esta unión es poner obstáculos sobre el préstamo que la entidad inicial cobraría.
Este mismo documento señala que «no se aprecia la existencia de título que legitime la posesión por parte de las mercantiles arrendatarias». Y tras todo este camino legal, se produce una orden de lanzamiento, dictada dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torremolinos, el 8 de enero de 2024. En ella, se especifica que «debe concluirse que los ocupantes de las fincas litigiosas, respecto a las que se ejercita acción hipotecaria, se halla en posesión de las mismas sin título bastante, frente a la presente resolución judicial no cabe recurso alguno», recoge.
Vecinos afectados
«Llevo siendo inquilina desde 2013, con tres contratos de alquiler, el último de 2022, por siete años más, pero estamos en una situación en la que nos van a desahuciar a mí y todas las familias por un fallo judicial», explica Centurián, quien asegura que todos son inquilinos al corriente de pago tanto de alquiler como de comunidad, con contratos inscritos en la Junta y declarados en Hacienda.
“Ahora, por una ejecución hipotecaria el juez le quita los pisos a la promotora porque con el dinero de los alquileres no pagaron la hipoteca ni el IBI, y nosotros nos vemos en una situación de que nos vamos a ir todos a la calle, este fallo judicial que dice que los contratos no son válidos a nosotros no se nos comunica, el juzgado no nos notificó a pesar de que se dice que se notifique tanto a las partes como a los terceros ocupantes”, sostiene esta vecina.
Como explican los vecinos, al pasar todo esto, algunos unos pisos se vendieron en la subasta y otros quedaron desiertos, que van a pasar a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). “Los pisos que se subastaron van a ser desahuciados en breve porque ya están cambiando de titularidad y los que pasen al Sareb pues en manos del Sareb estamos, a ver qué deciden si dejar a familias con niños en la calle o seguir especulando con los pisos”, añade Centurión.
Alquiler social
Por su parte, el abogado de una de las inquilinas, Juan Ricardo Ruiz, sostiene que hay un plazo preventorio aproximadamente hasta mediados de abril para que la Sareb pudiera reconducir esta situación y “permitir que esto se convirtiera en una alquiler social o encontrar una salida para estos vecinos que han sido engañados”.
El Ayuntamiento de Torremolinos no tiene competencias en este asunto, pero según confirman a este medio fuentes cercanas al Consistorio, están pendientes “por si hubiera situaciones de vulnerabilidad y con la voluntad de intentar contactar con todas las partes para esclarecer la situación jurídica y poder ayudar”.
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