El fiscal encargado del juicio por el asesinato de Lucía Garrido, hallada sin vida en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008, ha asegurado que este crimen, por el que se juzga al exmarido y a otro hombre, tuvo dos motivos, «el odio» por parte del que fuera su pareja hacia la mujer, «como en cualquier caso de violencia de género», y un móvil económico por las actividades supuestamente ilícitas que se desarrollaban en esa casa.
El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia de Málaga con la selección de los miembros del jurado popular, tras lo que las acusaciones –Fiscalía y las que representan a la familia– y defensas han expuesto sus alegatos iniciales. Las acusaciones piden 25 años de prisión para el exmarido y 23 años y medio para el otro procesado, mientras las defensas solicitan la absolución. Está previsto que los acusados declaren este martes.
En su intervención en la primera sesión del juicio, segundo que se celebra y que se prolongará más de dos semanas, el representante de la Fiscalía ha asegurado a los miembros del jurado que se ejecutó «un crimen muy bien planeado»; «si no hubieran cometido un pequeño error, hubiera quedado impune», ha dicho, al tiempo que ha incidido en que «la mujer no tuvo la más mínima posibilidad de huida».
Según la acusación pública, la víctima tenía el síndrome de la mujer maltratada, asegurando que demostrará que Lucía «no solía ni quería hablar de lo que ocurría en esa finca» en cuanto a un posible tráfico ilegal de animales y almacenamiento de droga; y que recibió «fortísimas amenazas y presiones para echarla de la casa», llegando a temer por su vida y por el futuro de su hija, lo que le produjo «un deterioro físico y psíquico» antes de su muerte.
Además, para el ministerio fiscal en la ejecución de este crimen «intervinieron al menos los dos acusados», aunque «faltan más individuos» supuestamente implicados al margen de los procesados, ha apuntado. Tras anularse el primer juicio, ha asegurado que no es que ellos vayan a ser juzgados dos veces, sino que es como una primera vez.
El abogado de una de las acusaciones particulares, Luis Portero, por su parte, ha dicho que en este caso ha habido «negligencia de las instituciones» y una «pésima» investigación. «A Lucía le falló todo el mundo: la Guardia Civil, el juzgado de Violencia contra la Mujer, los Servicios Sociales –le cortaron la luz, el agua, estuvo sin cobrar la pensión–«, ha detallado.
«Es la crónica de una muerte anunciada», ha señalado el letrado, quien ha incidido en que a Lucía la asesinaron «cobardemente». Ha coincidido con el fiscal en los dos motivos del crimen, el de índole personal por parte del exmarido y también el económico, porque «pasó a ser un testigo incómodo; sabía demasiado» de lo que supuestamente ocurría.
También ha indicado, como la acusación pública, que «no están todos los que son» en el banquillo de los acusados, pero ha asegurado que se demostrará que ambos «sí participaron». Antes de empezar la vista oral, el portavoz de la familia ha manifestado que esperan que el nuevo juicio por el asesinato de la mujer, que comienza este lunes, sea «limpio, correcto y que haya justicia».
Las defensas expondrán sus alegatos iniciales este martes, pero la abogada del exmarido ya ha expresado que su cliente ha renunciado a que lo represente; «no puedo defender a una persona que ni me habla»; una situación que ha puesto en conocimiento del Colegio de Abogados. Al respecto, el fiscal ha considerado que se trata de «una estrategia» de este acusado «para suspender el juicio».
El magistrado-presidente del Tribunal del Jurado ha mantenido la celebración del juicio y ha recordado que ya resolvió a través de un escrito la petición de suspensión planteada por este motivo.
Este juicio se vuelve a celebrar después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenó celebrar una nueva vista oral para dos de los cuatro acusados –todos fueron declarados no culpables en el primer juicio– y mantuvo la absolución dictada para los otros dos, que son guardias civiles.
La mujer fue encontrada en 2008 en la piscina de la vivienda en la que residía con su hija y en la que había vivido hasta dos años antes la expareja; un recinto que estaba vallado y tenía jaulas e instalaciones «idóneas para los negocios que desempeñaba el acusado, relacionados con la cría de animales de compañía y custodia de animales exóticos», señala el nuevo escrito del fiscal.
Según este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, «bajo ese tinglado se solapaban actuaciones ilícitas que también eran organizadas o dirigidas por el acusado», tales como «el tráfico de ilícito de especies de fauna protegida o la ocultación de drogas que le eran confiadas por organizaciones de delincuentes», asuntos que no se analizarán en este caso.
Además, señala esta acusación, el hombre «maltrató a Lucía durante la relación personal» –hechos que tampoco se juzgan porque los posibles delitos habían prescrito cuando se procedió contra él, años después de la muerte de la mujer–. Al separarse, el hombre siguió con derecho de acceso y uso de las instalaciones que no fueran la vivienda familiar.
Para la Fiscalía, la mujer «se convirtió en testigo directo y presencial de las actividades lícitas e ilícitas» de su expareja, que no confiaba en ella y «como temía que le denunciara, intentó desalojarla de la vivienda para ocuparla él con su nueva pareja», oferta que la víctima rechazó, además de fracasar las acciones judiciales.
«Lucía dejó de ser una testigo incómoda para convertirse en una auténtica amenaza para la impunidad de las operaciones ilícitas que seguían desarrollándose en la finca, en particular la guardería de droga», señala el ministerio fiscal en sus conclusiones provisionales.
Así, el escrito inicial de la acusación apunta que entonces «alguien del entorno delictivo» del hombre «propuso una solución drástica, consistente en acabar con la vida de Lucía»; un plan que, según el fiscal, «fue urdiéndose desde finales de marzo de 2008, cuando varias personas mantuvieron un encuentro en Torremolinos, entre las que estaría, presuntamente, el otro acusado.
Este habría recibido «a través de individuos desconocidos una oferta económica para matar a Lucía Garrido, propuesta que él aceptó», dice el documento, apuntando que el exmarido «no acudió a esa reunión, tampoco conocía al otro, pero propició y consintió su contratación como sicario, sabiendo que atentaría contra la vida de la mujer». Además, supuestamente prestó ayudas «decisivas».
Para el fiscal, supuestamente, la expareja fue informada de que el crimen iba a producirse entre el 28 y el 30 de abril «por uno o varios individuos» que sorprenderían a la mujer «desprevenida e indefensa» en la casa; además, «dio su aprobación al plan». Asimismo, esos días «se dedicó a hacer viajes inútiles».
El día de los hechos, el otro acusado, «solo o en compañía de individuos no identificados» esperaba a la mujer, a la que, según el fiscal, supuestamente se acercó por la espalda, «golpeándole en la cabeza» con un ladrillo, tras lo que la habría arrastrado hasta el borde de la piscina y «antes de arrojarla al agua le clavó un cuchillo por el lado izquierdo del cuello», dice las acusaciones, falleciendo la víctima por ahogamiento y asfixia.
Por estos hechos, al exmarido se le acusa por un delito de asesinato como supuesto cooperador necesario con la agravante de parentesco; mientras que al otro hombre se le juzga por el delito de asesinato pero en calidad de autor.
