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La Fiscalía de Málaga ha mantenido este jueves la acusación y la petición de dos años de cárcel para el alcalde de la localidad malagueña de Nerja, José Alberto Armijo, por el caso del vertedero supuestamente ilegal y la ha retirado contra la concejala Nieves Atencia, para la que se ha dictado una sentencia absolutoria en ese momento, tras lo que ha abandonado la sesión del juicio.
El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga juzga desde el pasado mes de octubre al regidor, a la concejala y a seis empresarios; además de seis empresas como responsables civiles. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para todos los procesados dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En este caso se ha investigado la existencia durante unos 15 años de un vertedero ubicado en la zona de Río de la Miel, en las inmediaciones del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que supuestamente se vertía «de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas», lo que provocaría importantes riesgos.
Así, en el trámite de conclusiones finales e informes, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el fiscal ha mantenido la acusación contra el regidor, para quien sigue solicitando la misma pena; mientras que para los empresarios, aunque los mantiene en la causa, rebaja la petición de cárcel y solicita que se le imponga a cada uno nueve meses de prisión al considerar que concurre error de prohibición.
Asimismo, la acusación pública ha pedido que se deje fuera al Ayuntamiento al retirar la responsabilidad civil porque está restaurada la zona, han apuntado las mismas fuentes, quienes han indicado que retira también la acusación respecto de las empresas, menos para una que la mantiene.
Respecto a la edil, tras retirarse la acusación, su defensa, dirigida por el letrado José Carlos Aguilera, ha indicado que su tesis siempre fue que «desde el punto de vista medioambiental, utilizar el socavón que dejó la cantera de Río de la Miel para el depósito de residuos de la construcción y demolición fue la mejor de las decisiones que se podían tomar para la defensa del medio ambiente».
Según la Fiscalía, a principios de 2000, supuestamente, «a iniciativa» de Armijo, «sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental», el Ayuntamiento concierta de forma verbal la gestión del desarrollo de la actividad de vertido de escombros y desechos en una antigua cantera con determinadas empresas relacionadas con la construcción, que terminaron asociándose para dicha explotación.
Además, se comunicó la intención de realizar un vertedero a la Junta de Andalucía, que contestó diciendo que hacía falta un estudio de impacto ambiental; pero, supuestamente, «haciendo caso omiso a esa comunicación, la actividad continúa a la vista y paciencia de todos» bajo la gestión de las empresas «autorizadas por el Ayuntamiento», señala el ministerio público, apuntando que era «un hecho público y notorio» la existencia de vertidos en esa zona protegida.
«El propio Ayuntamiento depositaba en el lugar los restos de obras y de podas vegetales», sostiene la acusación pública, precisando que de 2000 a 2010 se suceden los expedientes sancionadores y denuncias sobre la situación de la zona, realizándose en 2013 una inspección por agentes de Medio Ambiente en la que se detectaron residuos como electrodomésticos, neumáticos, restos de construcción y otros agrícolas.
Tras esta inspección la Consejería de Medio Ambiente emitió un informe en el que se determina que las características del vertedero «ponen de manifiesto que existe un perjuicio al medio ambiente» por varios motivos, entre ellos que «no existe una correcta gestión de los lixiviados, lo que podría ocasionar una contaminación de un acuífero»; ni tampoco control de los gases, lo que podría causar incendios, «sin que existieran medidas de extinción».
El alcalde aseguró en su declaración en el juicio que no era consciente de que hubiera vertidos sin control en la zona de la cantera junto al Río de la Miel, ya que nadie le advirtió de ilegalidad alguna; sino que ha asegurado que lo único que se pretendía era, depositando escombros, restaurar «el enorme boquete» que había dejado el explotador de la misma.
Armijo insistió en varias ocasiones en que se actuó con la finalidad de «restaurar la cantera», ya que el explotador de la misma no había cumplido el plan previsto en este sentido; e incidió en que con la actuación, para la que se pidió autorización, se resolvía ese «problema medioambiental», además de evitarse vertidos «incontrolados» por distintas áreas de la localidad.
Asimismo, manifestó que durante los 15 años que ha existido ese vertedero, que era «una realidad consentida y admitida» por todos, «no ha sido un problema; el problema era la cantera que estaba sin restaurar». En este punto, dijo que conoció a raíz de este procedimiento judicial que el Seprona de la Guardia Civil pasaba por la zona e incluso realizaba recomendaciones sin que hubiese requerido la paralización hasta 2016.
También señaló que han pasado hasta cinco delegados provinciales de Medio Ambiente de la Junta y «ninguno me advirtió de que fuera un asunto que generara preocupación»; al igual que ocurrió con los funcionarios municipales; «era un tema pacífico», insistió, reiterando que «por allí pasaba todo el mundo».
