La asociación mayoritaria de jueces se ha desmarcado del acuerdo al considerarlo «insuficiente, indigno e inaceptable»
Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales firmarán este martes con el Ministerio la subida de 450 euros al mes que han pactado tras cinco reuniones y una amenaza de huelga, mientras los funcionarios de la Administración de Justicia esperan que el departamento dirigido por Pilar Llop les llame para reanudar las negociaciones que se vieron frustradas el pasado 24 de abril y poner fin al parón que mantienen desde hace un mes.
La firma tendrá lugar después de que el pasado jueves todas las asociaciones –salvo la mayoritaria de jueces– aceptara la oferta de 46,7 millones de euros para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal. El viernes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se desmarcó oficialmente del pacto y anunció que no apoyaría el acuerdo al considerarlo «insuficiente, indigno e inaceptable», pero no ha precisado si se plantea o no ir a huelga.
El pasado jueves, el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, aseguró a la prensa que aún estaban en modo negociación. «Yo no descarto nada», dijo para luego incidir en que hasta el momento de la firma «hay tiempo de acercar posiciones». Al día siguiente, sin embargo, la APM emitió un comunicado para desmarcarse del acuerdo al considerar que «hiere profundamente y durante mucho tiempo» el régimen retributivo de la carrera judicial.
Así las cosas, la firma se llevará a cabo con seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales. El acuerdo que se rubrique afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los asociados de la APM. Las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el 22 de mayo la han desconvocado tras acceder a la oferta del Ministerio. La APM la dejó en suspenso.
Aunque seis de las siete asociaciones han accedido a la propuesta, solo dos de ellas –JJpD y la UPF, ambas de corte progresista– se han mostrado satisfechas con la oferta. Las otras cuatro –AJFV, FJI, AF y APIF– han asegurado que «la propuesta no es en absoluto satisfactoria», que no colma sus «legítimas reivindicaciones económicas y que no atiende las «necesidades de inversión en medios de Justicia que los ciudadanos demandan».
Será la primera vez que se firme un pacto en el marco de la Mesa de Retribuciones –formada por las asociaciones profesionales, los ministerios de Justicia y Hacienda, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado– que represente un «aumento real» porque, aunque por ley debería reunirse cada cinco años, hasta ahora no lo había hecho.
SIN REPRESENTANTES DEL CGPJ
Además de la de la APM, habrá otra ausencia notable en la firma: la del CGPJ. A pesar de formar parte de la Mesa de Retribuciones, fuentes del órgano de gobierno de los jueces indican a Europa Press que no acudirá ninguno de los tres vocales que han participado en las negociaciones –José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez–.
Algunas voces del CGPJ lo achacan a una convocatoria incorrecta por parte del departamento de Llop, si bien fuentes ministeriales aseguran que se les invitó debidamente, igual que a la Fiscalía General del Estado, que sí ha confirmado su asistencia.
Desde el CGPJ también se apunta a que no ha dado tiempo a que el Pleno ratifique el acuerdo, porque el presidente interino del Consejo, Rafael Mozo, lo ha convocado para el miércoles, justo un día después, a pesar de que cinco vocales le pidieron que la reunión tuviera lugar el lunes, en la víspera. No obstante, otras voces subrayan que el CGPJ «no tiene que firmar nada» porque su rol es de mero facilitador entre las asociaciones y el Ministerio, por lo que restan importancia a su ausencia en el acto de este martes.
CUATRO REUNIONES FALLIDAS
El acuerdo se ha alcanzado tras cuatro reuniones fallidas toda vez que las asociaciones rechazaron en dos ocasiones anteriores las opciones que el equipo de Pilar Llop puso sobre la mesa. Primero dijeron que no a una propuesta económica de 44 millones de euros. Luego descartaron firmar una oferta por 46,7 millones de euros.
Fue el 16 de mayo cuando el Ministerio les ofreció una tercera propuesta que, aunque no mejoraba el importe sí incluía otra serie de puntos que el 18 de mayo terminaron por convencer a seis de las asociaciones.
El acuerdo que se ha alcanzado incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.
Según fuentes cercanas a la negociación, los incrementos se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.
LA PROPUESTA DE JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía, además del incremento del complemento de destino por representación, la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia y a los tribunales superiores de justicia de la «suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización».
Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio dirigido por Llop planteó «abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión».
Además, el Gobierno propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un «nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado». «A tal fin, se constituirán grupos de trabajo permanentes, y la Comisión se convocará con carácter anual.
Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y «un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024», según explicó el Ministerio. Sin embargo, cuatro de las seis asociaciones que han accedido a firmar han subrayado que dicho incremento es «insuficiente en el marco de 563 plazas vacantes, 293 juzgados de nueva creación solicitados por el CGPJ y las jubilaciones que se avecinan».
EL CONFLICTO CON LOS FUNCIONARIOS
Una vez superado el conflicto del Ministerio con jueces y fiscales permanece latente el de los funcionarios, que mantienen una huelga indefinida de paros parciales desde el pasado 17 de abril y que esta semana han elevado el tono con una huelga de paros totales de 24 horas.
El comité de huelga –integrado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT– exige una mejora salarial de entre 350 y 430 euros para los 45.000 funcionarios de justicia, lo que supondría una inyección de unos 200 millones de euros.
El secretario de Estado, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, ha traslado a los funcionarios que el Ministerio se sentaría a negociar con ellos cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación han precisado a Europa Press que es posible que los contactos oficiales no tengan lugar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, toda vez que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos.
Está previsto que este martes los funcionarios se manifiesten frente al Congreso, a las 12.00 horas, dado que no les han autorizado la concentración frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. El jueves marcharán hasta la Secretaría de Función Pública, en el centro de la capital.
