La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a 13 personas a las que la Fiscalía acusa por realizar o utilizar, según los casos, contratos de trabajo supuestamente falsos a través de empresas ficticias con el fin de prorrogar u obtener permisos de residencia en España o para conseguir prestaciones fraudulentas de la Seguridad Social.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, supuestamente cinco procesados son los cabecillas y «se concertaron para vender a terceras personas falsos contratos de trabajo, con la correspondiente alta en la Seguridad Social, para que utilizaran la documentación falaz para obtener o prorrogar un permiso de residencia o para prestaciones a las que no tenían derecho».
Para ello, utilizaron presuntamente empresas declaradas como ficticias, en las que cada uno de los procesados tenía una responsabilidad, señala la acusación pública en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, que incide en que estos tenían «pleno conocimiento de que las altas que inscribían en el sistema no se correspondían con la realidad».
De las «falsas» contrataciones y la documentación que las apoyaba pudieron beneficiarse, «previo pago» a los principales acusados, «infinidad de supuestos trabajadores», señala el ministerio fiscal, precisando, en este sentido, al menos diez personas, la mayoría de origen nigeriano, que presentaron esos papeles en la Oficina de Extranjería para obtener tarjetas de residencia.
Pero, además, el escrito señala que otras personas, «también previo pago de la pertinente documentación», supuestamente habrían utilizado esas altas «fraudulentas» para «simular periodos de cotización inexistentes que a su vez les daba derecho al cobro de prestaciones por desempleo de la Seguridad Social».
Por esto, están acusados ocho personas que supuestamente solicitaron prestaciones de desempleo basadas en las contrataciones «falsas» formalizadas por las empresas de la trama, lo que dio lugar a «cobros indebidos».
Según el fiscal, a través de la actividad del grupo de sociedades gestionadas por los acusados se obtuvieron «indebidamente» unos 11.770 euros de la Seguridad Social.
La Fiscalía acusa a los cinco principales procesados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad en documento oficial y obtención fraudulenta de subvenciones de la Seguridad Social, último delito por el que acusa a los otros ocho procesados en la causa.
Además de penas de prisión y multas, solicita que se les imponga a los acusados la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas y beneficios fiscales. Para ocho de los procesados, el ministerio público les insta a que reintegren las cantidades obtenidas de la Seguridad Social supuestamente de forma irregular.
El juicio está previsto que se celebre en la Sección Octava de la Audiencia de Málaga esta próxima semana, en concreto los días 2 y 3 de junio, según han informado fuentes judiciales.
