La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde el lunes a una treintena de personas a las que la Fiscalía acusa de delitos de estafa y falsedad por, según el caso, elaborar u obtener, la mayoría de las veces previo pago, contratos falsos de trabajo con los que obtener permisos de residencia o prestaciones de organismos oficiales.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, los dos principales acusados –un hombre y una mujer– estaban de acuerdo para, mediante supuesto «engaño a los organismos oficiales», confeccionar contratos de trabajo «totalmente simulados» a nombre de terceras personas que les pagaban por dicho servicio.
Estas personas luego usaban dichos contratos «para obtener la regularización de su residencia en España, al ser ciudadanos extranjeros extracomunitarios, o para prestaciones por desempleo a las que no tendrían derecho en base a las cotizaciones, también fraudulentas, generadas por las altas en la Seguridad Social», dice la acusación pública.
Una empresa de la mujer aparecía como empleadora «de un sinnúmero de trabajadores» a pesar de «carecer de actividad empresarial alguna» y de que «no disponía de local de negocio ni de ningún establecimiento en el que desarrollarla», señala el ministerio fiscal en sus conclusiones iniciales.
De esta forma, constaban que hasta junio de 2013 dicha empresa había tenido un total de 79 afiliados distintos, «generando una deuda con la Seguridad Social a dicha fecha de 246,844,82 euros, dado que no había pagado ni un céntimo por las altas fraudulentas que realizaba».
El otro procesado, en su condición de Graduado Social, era quien en la mayoría de las ocasiones cumplimentaba el formulario de contrato de trabajo, tramitándose las altas gracias a que estaban autorizados VIA RED, «siendo en muchos casos quien se entrevistaba directamente con los otros acusados y les cobraba por la emisión del contrato y la gestión de las altas fraudulentas».
Además, también elaboraba los certificados de empresa que atestiguaban, a efectos de la solicitud de prestación por desempleo, la veracidad de los datos relativos a la empresa, personales, profesionales y de cotización del trabajador que eran comunicados al Servicio Público de Empleo Estatal «y sin los cuales nunca habría satisfecho las cantidades ilícitamente percibidas».
El resto de los acusados son personas que obtuvieron esos contratos supuestamente falsos que presuntamente luego utilizaron ante organismos oficiales, como el SEPE o la Seguridad Social, consiguiendo así «llamar a engaño» y obtener «un beneficio económico» ilícito.
Las penas oscilan entre los doce meses y los seis años de prisión, según la participación que para el fiscal tuviera cada acusado; solicitando además en su escrito provisional que se le imponga a cada procesado el pago de indemnizaciones al organismo público correspondiente en las cantidades que se determinen.
El juicio está previsto que comience este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga y está fijado para varios días de este mes y de diciembre.
