La AN aplaza el debate sobre la paralización del procedimiento contra los CDR por baja médica de una de las defensas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este lunes suspender la vista que celebraba para que las defensas expusieran sus argumentos para anular el juicio por terrorismo contra los 12 miembros de los CDR procesados dado que uno de los letrados, el de Alexis Codina, está de baja médica y no ha podido pronunciarse sobre este asunto.
Así lo ha confirmado en declaraciones a los medios al término de la vista la abogada Eva Pous, quien ha explicado además que desde su punto de vista «no tiene mucho sentido continuar la tramitación de este procedimiento» cuando en pocas semanas habrá «un motivo legal para que esta causa sea definitivamente cerrada y que no pueda continuar», en alusión a la ley de amnistía al ‘procés’ independentista catalán.
La decisión del tribunal de posponer esta vista ha llegado en contra del criterio del fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, que es quien ha asumido esta causa tras la marcha de Miguel Ángel Carballo a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real.
La AN aplaza el debate sobre la paralización del procedimiento contra los CDR por baja médica de una de las defensas
No obstante, antes de esta suspensión, las defensas han podido fijar posiciones ante la Sala de lo Penal en este acto denominado de previo pronunciamiento y que es un paso previo a la celebración del juicio para dilucidar determinadas cuestiones planteadas por las partes.
Así, el abogado Xavier Monge ha explicado en su turno que la Audiencia Nacional debía «paralizar» el procedimiento a la espera de ver qué ocurre con la ley de amnistía –que ahora debe pasar el filtro del Senado y volver al Congreso– porque «no se puede obviar que en seis semanas estará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y obligará al archivo sin llegar a juicio».
«¿Vamos a seguir como si oyéramos llover, con derroche de esfuerzos y recursos? Se aconseja como mínimo prudencia», ha explicado Monge a la vez que recordaba que a juicio de las defensas la Audiencia Nacional «nunca» fue competente para investigar los hechos por los que fueron procesados los CDR y que se les sustrajo el derecho al juez natural predeterminado por la ley.
Tras la adhesión de varias de las defensas, una de ellas ha planteado la suspensión del acto por la baja médica de uno de los letrados y tras deliberar, la Sala ha aceptado posponer la vista.
«FALTA DE COMPETENCIA CLARA»
Una vez concluida la vista, Pous ha explicado que a su juicio hay «diferentes elementos que causan indefensión a los procesados», y ha citado «la falta de competencia clara y objetiva» de la Audiencia Nacional, señalando que la investigación ha sido «100% prospectiva».
Preguntada sobre si la ley de amnistía acabará con el procedimiento, Pous ha señalado que por la literalidad del texto de la ley «sería un caso que entraría 100%», aunque ha apuntado que no puede confiar «en la justicia del Estado Español o en su terreno democrático».
A la salida de la vista, uno de los encausados, Eduard Garzón, a quien la Fiscalía pide 27 años de cárcel, ha señalado que desde su punto de vista la causa entra dentro del terreno de lo amnistiable, pero ha pedido prudencia dado que a su juicio no están frente a «un sistema judicial adecuado y justo». «La cúpula judicial no es propia de un sistema democrático», ha sostenido.
ENTREGADOS A «LA CAUSA»
Fue en noviembre de 2023 cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la conclusión de sumario acordada por el juez instructor Manuel García Castellón y abrió juicio oral contra los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista.
Los magistrados de la Sección Tercera avalaban así la decisión adoptada el pasado octubre de 2023 por García Castellón contra los presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.
La Fiscalía pidió sentar en el banquillo a Eduard Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa.
Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señaló a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista.
Según la investigación judicial, este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.
La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a «la causa» para encargarles las acciones más sensibles.
