La AN asume la investigación contra el paquistaní que causó destrozos con un hacha en un McDonalds de Badalona. El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha acordado este viernes asumir la investigación contra Hamza Warris, el ciudadano paquistaní que el pasado 27 de marzo causó destrozos con un hacha en los cristales de un McDonalds situado en el centro comercial Màgic Badalona (Barcelona).
Sigue así el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ha informado de que la competencia era de este tribunal especial dado que los hechos serían constitutivos de un presunto delito de integración o colaboración con organización terrorista, tratándose de una acción violenta a título individual o en solitario, en cumplimiento de los postulados de la Yihad.
La AN asume la investigación contra el paquistaní que causó destrozos con un hacha en un McDonalds de Badalona
En el auto, recogido por Europa Press, el magistrado explica que los hechos que tuvieron lugar en el centro comercial Magic de Badalona, donde el investigado, en prisión provisional desde el día 20 de marzo, entró al parecer ataviado con un pañuelo palestino en la cabeza a modo de liturgia previa y portando «un hacha de grandes dimensiones».
A continuación, se dirigió al establecimiento de restauración McDonalds en un momento en el que, por las fechas –Semana Santa– y la hora, estaba presente una gran concurrencia de público.
«CLIMA DE TERROR E HISTERIA COLECTIVA»
Una vez en el interior del local, blandió el hacha que portaba y acometió con ella un expositor, «fracturando los cristales de una de las lunas, causando un clima de terror e histeria colectiva entre las personas que en ese momento se encontraban» en el interior.
El atacante fue inmediatamente interceptado por un ciudadano que tuvo que esquivar los golpes y el ataque con el hacha, si bien logró inmovilizarlo. «El propio agresor manifestó a un agente de la policía, en lengua inglesa, que había obrado movido porque había visto en el móvil niños palestinos que habían muerto en manos de americanos, en una suerte de acto de represalia», dice el auto de Gadea.
El magistrado indica que en este momento procesal, y sin perjuicio de la necesidad de continuar la investigación a los efectos de su corroboración, existen indicios de que la actuación del investigado pudo estar motivada por su intención de obrar en apoyo y siguiendo los postulados de organizaciones terroristas yihadistas, como demostrarían sus propias manifestaciones, la forma de actuación dirigida a un objetivo por su supuesta identificación con los valores occidentales y el porte de un arma blanca de grandes dimensiones.
El instructor añade que el encausado grabó un video de despedida dirigido a su familia en Paquistán, en el que manifestaba que era probable que no les volviese a ver, actuación común en el caso de los denominados ‘muyahidines’ o lobos solitarios.
LA JURISPRUDENCIA
El juez recalca que la atribución a la Audiencia Nacional de la competencia para el enjuiciamiento de delitos cometidos por personas que no están integradas en una organización terrorista, pero que, pese a ello, actúan en apoyo de sus principios o directrices, «ha sido una constante» en la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
«Resulta claro, por tanto, que el solo hecho de obrar en apoyo de las consignas de una organización terrorista es motivo suficiente para atribuir la competencia de la Audiencia Nacional», suma.
Y añade que, tal y como señala la fiscal Raquel de Miguel en su informe, «en el actual contexto de crisis de Oriente Medio, los informes de inteligencia de la policía refieren la permanente actividad de las organizaciones terroristas de etiología yihadista a través de sus diferentes canales de difusión que están promoviendo e incitando a la realización de acciones violentas a título individual o en solitario, en cumplimiento de los postulados de la Yihad».
Tras esto, Gadea acuerda solicitar al Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona que remita las actuaciones originales y en su caso, las piezas separadas que se hubieran abierto.
Ordena además que se «legalice la situación personal del investigado» y por tanto acuerda señalr su comparecencia para ratificar la medida de prisión provisional.
