La asociación Élite Taxi Sevilla ha aprobado su personación en la causa judicial por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, daños y de organización criminal por parte de miembros de esta entidad para acaparar la parada del aeropuerto, que cuenta con su propia tarifa específica con precio cerrado que oscila entre los 25,7 y los 28,6 euros por trayecto y que desde el pasado 1 de febrero está ceñida a un turno rotatorio.
El presidente de Élite Taxi, Rafael Baena, ha informado que de que la asamblea de afiliados de la asociación ha aprobado «por unanimidad» la personación de la misma en la mencionada causa judicial, en calidad de acusación popular. Élite Taxi, recordémoslo, ha pedido además públicamente que el Ayuntamiento haga lo propio como responsable del servicio que se presta en dicha parada de taxis.
Y es que aún habría «pequeños incidentes» desde que el pasado 1 de febrero fuese implantado en dicha parada el turno rotatorio, tras ser acordado por el consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi, conformado por representantes de la Unión Sevillana del Taxi, Solidaridad Hispalense del Taxi y Élite Taxi Sevilla, así como de los grupos políticos con representación plenaria (PP, PSOE, Vox y Podemos-IU), técnicos y representación de los consumidores.
En aquella votación en el seno del consejo de gobierno del Instituto del Taxi, la medida del turno rotatorio contó con el voto a favor de todos los representantes, salvo los de Solidaridad Hispalense, que se abstuvieron.
Desde su implantación, como es sabido, han pesado situaciones como dos taxistas de Solidaridad Hispalense objeto de detenciones por su relación con los hechos y sorprendidos mientras intentaban operar de nuevo en el aeropuerto, pese a que a la hora de decretar su libertad con cargos, el Juzgado Instructor del caso les impuso la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto como medida cautelar.
«No bajar el pulso»
«Pequeños incidentes sigue habiendo todos los días, constantemente», señalaba recientemente Rafael Baena, recordando que Solidaridad Hispalense ha estado unos «20 años» controlando la parada de taxis del aeropuerto y, por eso, «va a ser difícil que la suelte». En ese sentido, manifestaba su deseo de que el Ayuntamiento y el juzgado «no bajen el pulso» y que «como muy tarde, en la primera semana de marzo» sea convocada la primera reunión de la mesa de seguimiento acordada para evaluar la implantación del turno rotatorio.
Tras la detención de los primeros taxistas por presuntos delitos para acaparar la parada del aeropuerto, entre ellos el presidente de Solidaridad Hispalense, Antonio Velarde, y otros miembros de su directiva; Élite Taxi avisaba de que Solidaridad es una «asociación que lleva monopolizando el aeropuerto durante unas dos décadas con actitudes mafiosas» con la «clara connivencia» de Unión Sevillana y la «pasividad» del Consistorio.
«Mas allá de los responsable directos de estos actos delictivos, hay varios actores necesarios que han facilitado que esta situación se haya perpetuado durante tantos años», puntualizaba Élite tras esta operación promovida por la Policía Nacional y auspiciada por el Juzgado de Instrucción, que además de los 26 taxistas arrestados y puestos en libertad con cargos y la prohibición provisional de aproximarse al aeropuerto, tiene a 20 personas más en calidad de investigadas.
Ello, como consecuencia de unas 20 denuncias tanto de otros taxistas como de titulares de autorizaciones de vehículos de transporte concertado (VTC), por supuestas prácticas coactivas para acaparar esta parada de taxis por parte de miembros de la asociación Solidaridad Hispalense.
El caso de solidaridad hispalense
A finales de 2021, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ordenaba continuar por el trámite del procedimiento abreviado la causa incoada contra Solidaridad Hispalense del Taxi a título de persona jurídica y contra 27 taxistas de dicha entidad, por presuntos delitos de organización criminal, coacciones y daños para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, que cuenta con su propia tarifa especial con precios cerrados por carrera.
En dicho auto, la juez instructora detallaba que en el registro acometido en junio de 2017 en la sede de la entidad, instalada en el aeropuerto de Sevilla, fueron descubiertas anotaciones sobre las «conductas a sancionar y entre ellas la imposición de 15 días» sin trabajar en la parada de taxis del aeródromo «por perder la vez dejando el túnel (de llegadas) vacío y carga, 15 días por perder la vez dejando el túnel vacío y no carga, (…), siete días por insultar o faltar el respeto a los compañeros, 30 días por intentar pegar a un compañero o 90 días por pegarle e incluso sanciones tan llamativas como si se ensucia las instalaciones tirando cualquier tipo de basura al suelo, 15 días limpiando las instalaciones y tres días a dar carreras a Sevilla».
«Se han encontrado cartas de sanción con la máxima pena que tipifican, cuál es la de la expulsión por motivo de no asistir a una concentración o por motivo de haber faltado a una movilización», determinaba la juez, según la cual «la propia naturaleza de las sanciones impuestas pone de manifiesto el dominio y uso exclusivo que de la parada del aeropuerto realiza la asociación, hasta el extremo de que todas las sanciones van referidas a prohibición de cargar en la parada del aeropuerto, no del ejercicio general de la actividad ni de ningún otro extremo, lo cual pone claramente de manifiesto que tienen el dominio y uso exclusivo de la misma».
Fotos de la Policía Local
Al punto, agregaba que en la sede de la entidad, el registro policial se saldó con el hallazgo de «fotografías de vehículos de la Policía Local y de agentes, en concreto de los agentes que realizaban el mayor número de actuaciones en las instalaciones del aeropuerto».
Según la juez, la asociación sería «una verdadera organización criminal, un grupo perfectamente estructurado y jerarquizado a cuyo frente se encuentra» el entonces presidente Enrique Filgueras «y tras este los demás miembros de la directiva, quienes vienen recibiendo instrucciones e indicaciones directas de este», para «un monopolio del servicio de taxis en el aeropuerto de Sevilla».
La Sección Cuarta de la Audiencia estimó parcialmente un recurso de Solidaridad Hispalense del Taxi, revocando los autos de fecha 23 de julio y 12 de noviembre de 2021 dictados por el Juzgado de Instrucción Número ocho y declarando «no haber lugar a prórroga del plazo de instrucción», lo que implicaba «la inutilizabilidad de las diligencias acordadas en las presentes diligencias previas tras el 9 de enero de 2018.
Las mencionadas fuentes del caso han precisado que los hechos investigados ahora por el Juzgado de Instrucción número cuatro, aunque similares a los de la anterior causa ya descrita, «son distintos y nuevos», conformando un nuevo procedimiento.
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