El año nuevo dará paso a un calendario de juicios en la Audiencia Provincial de Madrid que incluirá, entre otros, al líder de Más País Íñigo Errejón, al exdiputado de Vox Carlos Fernández-Roca, a ‘El Pequeño Nicolás’ y al comisario jubilado José Manuel Villarejo. También dará lugar a una serie de interrogatorios y diligencias en los Juzgados de Plaza de Castilla, como el careo de peritos en el ‘caso Plus Ultra’ o el informe pericial sobre los trabajos de Neurona a Podemos.
El primer juicio tendrá lugar el 25 de enero y sentará en el banquillo a Errejón por un presunto delito leve de maltrato contra un vecino de Lavapiés al que supuestamente propinó una patada.
La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, Margarita Valcarce, acordó enviar a juicio al diputado tres meses y medio después de que el vecino de 67 años presentara denuncia ante la Comisaría Centro de Madrid. El hombre aseguró a las autoridades policiales que Errejón le propinó una patada que ha tenido consecuencias en su salud, en concreto, en la hernia inguinal que dice tener por un cáncer de colon.
En el marco de las pesquisas, la juez tomó declaración al denunciante y a uno de los testigos. Fuentes presentes en el interrogatorio aseguraron a Europa Press que ambos ratificaron la declaración que dieron en sede policial.
ACOSO A IGLESIAS Y MONTERO
También está previsto que se celebre el juicio contra Miguel Ángel Frontera, acusado por acosar al exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias y a la ministra de Igualdad, Irene Montero en el marco de una serie de protestas frente al domicilio de ambos. Fuentes jurídicas han precisado a Europa Press que aún no se ha fijado fecha para la vista oral.
La Fiscalía pide tres años de cárcel para Frontera por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad a la autoridad, un delito de acoso y un delito de revelación de secretos. Adicionalmente, el fiscal propone la prohibición de aproximarse a ambos en una distancia inferior a 500 metros y la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio.
Por su parte, Iglesias y Montero solicitan un año y seis meses de prisión por un delito de coacciones continuadas, un delito de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba le impuso una fianza de 52.266 euros.
TRADUCTORES DE LA POLICÍA
Asimismo, está pendiente el juicio a dos traductores de la Policía por extorsionar a un empresario, también investigado. Estaba previsto que se celebrara el pasado septiembre, pero finalmente se ha pospuesto sin fecha fija. Están citados a declarar como testigos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el inspector Andrés Gómez Gordo y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, quienes figuran como investigados en el ‘caso Tándem’ de la Audiencia Nacional.
El juicio se centra en Alí Shan y en Ijaz Ahmad, quienes fueron contratados por la Dirección General de la Policía para traducir conversaciones telefónicas interceptadas en el marco de una pesquisa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid).
Según la Fiscalía, ambos ofrecieron datos de la causa al empresario Harischandra Tarachand Varma –a quien le habrían intervenido varias conversaciones– a cambio de un pago inicial de 10.000 euros que iría aumentando, y le amenazaron con «influir en su contra» si no accedía. El hombre denunció los hechos ante Asuntos Internos en 2014.
PEQUEÑO NICOLÁS Y VILLAREJO
A la lista de juicios a la espera de fecha se suman tres vinculados a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘El Pequeño Nicolás’. El primero de ellos sentará en el banquillo de los acusados al comisario Villarejo y su mujer, Gemma Alcalá, y al periodista Carlos Mier por grabar y difundir una reunión entre agentes de la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia.
Se les juzgará por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, estafa procesal en grado de tentativa, pertenencia o integración en grupo criminal y de injurias y calumnias a funcionarios públicos por hechos concernientes al ejercicio de su cargo con publicidad. Afrontan de tres a siete años de prisión.
Por otro lado, la Audiencia de Madrid tendrá que poner fecha para juzgar el intento de estafa que habría cometido ‘El Pequeño Nicolás’ en 2014 contra el empresario Javier Martínez de la Hidalga, ante quien se presentó como un asesor de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para facilitarle la venta de un inmueble que esta persona tenía en Toledo. Por estos hechos, se enfrenta a seis años de prisión por los delitos continuados de usurpación de funciones públicas y falsedad en documento oficial en concurso con uno de estafa.
‘El Pequeño Nicolás’ también está a la espera de juicio por presuntamente obtener datos policiales a cambio de dinero. La Fiscalía pide para él nueve años y nueve meses de prisión por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo.
FERNÁNDEZ-ROCA, LÓPEZ MADRID Y EL JUEZ VALDÉS
Aunque aún no hay fecha prevista, también se espera que la Audiencia Provincial de Madrid juzgue al exdiputado de Vox Carlos Hugo Fernández-Roca por un presunto delito de abuso sexual.
La Fiscalía pide cinco años de prisión para él al considerar que hizo «caso omiso» a la negativa de su denunciante a mantener «relaciones sexuales completas», según publicó infoLibre. La víctima pide una pena de ocho años de cárcel.
Fernández-Roca anunció su dimisión en redes sociales en noviembre de 2020. Aseguró que renunciaba al escaño de diputado tras haber tenido conocimiento de una denuncia en su contra por un «episodio» que sobre el que no dio detalles.
En la lista permanecen también sin señalar otros dos juicios previstos en la Audiencia de Madrid: uno contra el comisario Villarejo –en este caso junto al empresario Javier López Madrid– por la presunta agresión contra la doctora Elisa Pinto; y otro, contra el magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés por un supuesto delito de maltrato contra su esposa.
INVESTIGACIONES PENDIENTES
Por su parte, los juzgados madrileños empezarán el año pendientes del careo de peritos en el ‘caso Plus Ultra’, fijado para el 18 de enero, en el marco de la investigación sobre la ayuda pública concedida a la compañía.
Antes de decidir si atiende o no a la petición de la Abogacía del Estado de archivar la causa, la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 escuchará al perito al que encargó el informe independiente y a los firmantes del informe llevado a cabo por Deloitte y DC Advisary 2020 aportado por la aerolínea.
Asimismo, se prevén diligencias en el ‘caso Neurona’, donde está pendiente que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 recupere la investigación del ‘caso niñera’ y de la Fundación 25-M, que fueron derivadas a otros juzgados el pasado marzo y que por orden de la Audiencia de Madrid deberán volver a manos del juez Juan José Escalonilla.
En este procedimiento se está a la espera del informe pericial encargado para determinar los costes de los trabajos de Neurona a Podemos. La formación y los principales investigados han pedido el archivo.
También está pendiente la decisión del Juzgado Número 41 sobre el hombre acusado de enviar una carta a la ministra de Industria, Reyes Maroto, con una navaja manchada de un material que simulaba ser sangre. Y se prevé que la Fiscalía se pronuncie sobre la querella admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, por la gestión de la pandemia.
